UNA NUEVA DISCRIMINACIÓN PARA EL CAMPO EXTREMEÑO

que se va a ocasionar a unas explotaciones agrarias regionales ya muy tocadas en su capacidad de pago por el diferencial negativo entre los precios y los costes

José Ignacio Sánchez Sánchez-Mora

HACE solo unos días, en plena crisis social y económica derivada de la pandemia del coronavirus, el sector agrario y agroalimentario de Extremadura ha sufrido un durísimo revés que, por desgracia, tendrá graves consecuencias. Se trata de una orden ministerial por la que se conceden beneficios fiscales a los agricultores y ganaderos de determinadas comunidades autónomas y se excluyen a otras, entre ellas Extremadura. Es decir, se introduce un elemento de discriminación que hará menos competitivos a los empresarios extremeños en un segmento de productos de capital importancia para la economía regional.

La orden de Hacienda del 6 de abril, por la que se reducen para el período impositivo 2019 los índices de rendimiento neto aplicable en el método de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de la Personas Físicas para actividades agrícolas y ganaderas afectadas por diversas circunstancias excepcionales, constituye un motivo más de decepción para el sector agrario extremeño.

A 12 comunidades autónomas se les reconoce ampliamente la existencia de circunstancias excepcionales. En Extremadura parece ser que no existieron tales circunstancias de excepción, ya que solo se reconoce en la reducción de módulos al sector del equino de escasa importancia en el producto agrario de la región. Y sin embargo, en Extremadura, aunque los expertos de los ministerios de Hacienda y de Agricultura, Pesca y Alimentación que ha informado la Orden, no se enteren o no quieran enterarse, concurrieron circunstancias excepcionales como puede comprobarse.

En primer lugar, la región padeció una sequía que se superponía sobre otra reciente y que afectó gravemente a cultivos, pastos y ganadería. Como prueba, las estaciones agrometeorológicas de la red Redarex ubicadas en la finca La Orden (Badajoz) y Coria (Cáceres) han recogido precipitaciones de 186,83 mm y 289,21 mm inferiores a lo llovido el año anterior. Respecto a la media de los 10 últimos años, las reducciones han sido de 189,3 mm y 161,8 mm respectivamente. Se demuestra con estos datos que el año 2019 ha sido muy seco. De igual modo se produjeron tormentas en Extremadura en el mes de abril de excesiva virulencia que dañaron gran cantidad de fruta, especialmente ciruela. Y por último, en la zona regable de Borbollón solo ha podido regarse el 70% de su superficie regable ante la falta de recursos hídricos embalsados.

Consecuencia de la citada Orden es que un agricultor extremeño de cereales tendrá un módulo de 0,18 mientras que en Andalucía, Aragón, las dos Castillas, Cataluña o Valencia, este coeficiente se situará entre 0,13 y 0,05. En el caso del arroz, un importante cultivo en nuestros regadíos, el agricultor extremeño tendrá un índice de 0,32 mientras que en Andalucía se reducirá a un 0,22 y en Cataluña a 0,11. En el tomate, cultivo fundamental en nuestras zonas regables, el coeficiente extremeño se sitúa en 0,26 frente al 0,18 de otras regiones productoras.

En frutos no cítricos, sector de gran importancia regional, el índice en Extremadura será del 0,30 mientras que productores frutícolas de Aragón lo tendrán (entre 0,26 y 0,07), Castilla la Mancha (0,19), Castilla y León (entre 0,19 y 0,07) Cataluña (entre 0,26 y 0,07) y Comunidad Valenciana (0,13 a 0,07). Un productor de cereza del Jerte o La Vera tendrá un coeficiente de 0,30 mientras que un productor de la Comunidad Valenciana lo tendrá entre 0,13 y 0,07. Ya nos contarán por qué. En productos del olivo, cultivo de gran importancia en Extremadura, el índice para Extremadura será del 0,13, mientras que en Andalucía, Castilla la Mancha, Cataluña y Comunidad Valenciana se sitúa entre 0,09 y 0,05. No añadimos más ejemplos para no ser prolijos pero en otros cultivos, como la uva con o sin DOP (Denominación de Origen Protegida), o los forrajes ocurren las mismas circunstancias.

Como es lógico, diversas organizaciones agrarias de Extremadura han levantado sus voces en protesta por una agresión más al sector agrario regional. Alguna de ellas estima en 150 millones de euros el perjuicio que se va a ocasionar a unas explotaciones agrarias regionales ya muy tocadas en su capacidad de pago por el diferencial muy negativo entre precios percibidos por los agricultores estancados desde hace años y costes de los insumos necesarios para su obtención con incrementos crecientes.

Es sorprendente el silencio mantenido hasta ahora por la Junta de Extremadura. El Ejecutivo regional, si está de acuerdo con el contenido de la Orden Ministerial, debería de inmediato explicar sus bondades a los agricultores y ganaderos y a sus asociaciones a fin de tranquilizarles pues llueve sobre mojado, y nunca peor dicho por la sequía. Si no lo está, ya está tardando en irse a Madrid para arreglar este entuerto que, de quedarse como está, perjudica seriamente a la región.

Podrá argumentarse que en la ganadería extensiva la cosa está más equilibrada, y en este sentido, Extremadura sale bastante mejor parada, pero en igualdad con el resto de comunidades autónomas. Ha de tenerse en cuenta que el sector agrario se compone de agricultura de más peso en el PIB regional y de ganadería en donde existen además explotaciones mixtas que también salen perjudicadas.

FUENTE: https://www.hoy.es/extremadura/nueva-discriminacion-campo-20200417001744-nt.html#vca=modulos&vso=hoy&vmc=separador-tambien-en-hoy&vli=portada

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