Una alternativa sanitaria para inmigrantes

Proponemos la creación en cada comunidad de una fundación asistencial que afronte todo el gasto sanitario que generen las personas extranjeras no registradas ni autorizadas como residentes en España

JOSÉ JEREZ IGLESIAS. Economista y doctor en Derecho.

La cuestión de la asistencia sanitaria a las personas extranjeras, conocidas como los ‘sin papeles’, es de una trascendencia humanitaria vital, pero controvertida por el coste económico que tiene para nuestra economía. El Real Decreto Ley 16/2012 redujo la asistencia a los casos de urgencias y accidentes, embarazo, parto y postparto, y en el caso de los menores de 18 años, toda la asistencia. Posteriormente, el Real Decreto Ley 7/2018 ha modificado esa situación y ha dispuesto que a esas personas se les preste la atención sanitaria en las mismas condiciones que a las personas con nacionalidad española.

Parece evidente que lo dispuesto en el Real Decreto-ley 7/2018, de 27 de julio, es una medida que desde un punto de vista subjetivo, del ser humano, aporta una solución práctica, pero de poco recorrido a largo plazo a mi parecer, porque no se abordan objetivamente los intereses en juego y los efectos a futuro de todas las decisiones que se adoptan, así como hacerlo compatible con la más que dudosa sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud. Alternativamente proponemos la creación en cada comunidad autónoma de una Fundación Asistencial Sanitaria con el objeto de financiar todo el gasto sanitario en que se pueda incurrir por la atención que reciban las personas extranjeras no registradas ni autorizadas como residentes en España, todo ello en los términos que en este trabajo se describen. El ámbito de la Fundación que proponemos debe limitarse al de su propio territorio autonómico.

La Constitución Española, en su artículo 34, reconoce el derecho de fundación para fines de interés general, con arreglo a la ley. Según la Ley 50/2002, de 20 de diciembre, de Fundaciones, que regula el derecho fundacional reconocido en la Constitución española, una fundación es una organización constituida sin fin de lucro, que tiene afectado de modo duradero su patrimonio para la realización de fines de interés general.

Será beneficiario de la asistencia sanitaria en la Fundación toda aquella persona que se encuentre en territorio nacional, en la cual se den estas dos condiciones: a) No tenga derecho a obtener la condición de asegurado en el Sistema Nacional de Salud, y b) No tenga patrimonio propio y/o rentas de cualquier naturaleza, dentro o fuera del territorio nacional, superior a los límites que en cada momento se determine.

Tendrán derecho a que se les expida una tarjeta de asistencia sanitaria específica de la fundación, a título individual para los mayores de edad, e incluidos a los menores con cada uno de sus progenitores. La tarjeta será expedida por la Fundación previa solicitud realizada por cualquiera de los órganos de la administración central, autonómica o local, o entidades asistenciales sin fines lucrativos, como Cruz Roja, Cáritas, etc, relacionados con los colectivos excluidos del derecho, todo ello en los términos y con la documentación que se establezca, siempre que se ajuste a la normativa y criterio de la Fundación.

La tarjeta que se emita deberá determinar lo siguiente: el ámbito territorial limitado a la comunidad que la emite, temporal, asistencial y de centros. Cada centro que preste sus servicios factura los mismos a la fundación, quien se hará cargo de su pago. Cada fundación debe constituirse bajo la protección de dos fundadores, por un lado la comunidad autónoma correspondiente, y de otro la Administración central, por medio de los órganos que cada parte designe. Estos dos fundadores serán los garantes de la financiación de la fundación y por tanto de aportar los recursos económicos de la dotación inicial, así como los que requiera la financiación neta de su actividad, hasta equilibrar anualmente la financiación de sus gastos. Entre las fuentes externas de financiación de la fundación se potencia la aportación financiera de los benefactores, entre los que distinguimos:

1) Benefactores vinculados con el sector sanitario. Serían aquellos que, por su actividad profesional o empresarial, están más relacionados con el sector sanitario, por ejemplo, laboratorios farmacéuticos, empresas de servicios sanitarios, tecnología y equipamiento sanitario, constructoras, suministradores, etc.

Este tipo de benefactores, si lo consideran conveniente, firmarán un acuerdo de financiación como benefactor de la fundación mediante el cual se comprometen a donar a la fundación un porcentaje del importe de cada concurso público que le adjudique la administración autonómica (a determinar, por ejemplo un 0,10%, 0,20%, 0,30%, etc, del valor de adjudicación) el cual sería considerado como puntuable para concursos públicos de adjudicación de bienes o servicios.

2) Benefactores no vinculados con el sector sanitario. En este bloque de benefactores pueden encuadrarse todas aquellas personas físicas o jurídicas (asociaciones, fundaciones, empresas, etc), que se sienten solidarios y desean cooperar con fondos propios, cuyos donativos gozarán de todos los beneficios fiscales y exenciones que correspondan. Caso Amancio Ortega (Zara, Inditex).

Con la implantación en cada comunidad autónoma de una Fundación Sanitaria Asistencial de estas características, se obtendrían las siguientes ventajas: a) Prestar la asistencia sanitaria, controlarla, y que su coste no lo soporte el centro sanitario público que realiza la prestación. b) Saber el número de beneficiarios y el coste anual incurrido con la prestación sanitaria. Y c) Sufragar el gasto incurrido entre los benefactores sociales, hasta donde alcance, y el resto financiarlo al 50%, entre cada comunidad autónoma y la Administración central del Estado.
(Artículo publicado en el diario HOY el 6 de agosto de 2020)

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