Integrar a los funcionarios en el sistema de salud

Las claves de la propuesta están en gestionar todos los centros basándose en la calidad y en los resultados que ellos sean capaces de conseguir con su buena gestión, porque los asegurados tendrán libertad de elección en todo el país


JOSÉ JEREZ IGLESIAS Economista y doctor en Derecho. Miembro del Club Senior de Extremadura

En la disposición adicional decimonovena de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, se regulan los conciertos para la prestación de asistencia sanitaria celebrados por la Mutualidad de General de Funcionarios Civiles del Estado (Muface), la Mutualidad General Judicial (Mugeju) y el Instituto Social de las Fuerza Armadas (Isfas).
Para la protección de un colectivo de alrededor de un millón y medio de personas, Muface, Isfas y Mugeju gestionan un importante conjunto de prestaciones, entre otras, la asistencia sanitaria, incluyendo la farmacéutica, en su calidad de gestoras del Régimen Especial de la Seguridad Social de los funcionarios civiles del estado, los miembros de las fuerzas armadas y los de la judicatura. Esta asistencia se le puede proporcionar a elección del mutualista, bien en el sistema sanitario público o a través de los medios de las entidades de seguro libre que hayan concertado con la Mutualidad dicha asistencia. El sistema sanitario público es elegido ahora por un 20% de mutualistas, optando el 80% por el seguro libre.

El sistema no está exento de problemas, pero todos están interesados en mantener el modelo actual, en el que el funcionario asegurado puede elegir libremente la asistencia, cuya representación la ejercen a través del sindicato de funcionarios CSI-F. Al parecer el ‘problema’ es que el Ministerio del que sale directamente la partida para pagar el convenio con las aseguradoras es Hacienda, que no es el mismo que el que recoge los frutos por el mismo, Sanidad y las comunidades autónomas, que ven cómo se ahorran recursos. Sin embargo, las cuentas globales sobre el ahorro parecen claras: El gasto medio en sanidad pública para el Estado, por cada ciudadano, se situaba en 2016, en 2.058 euros/año (Informe Nacional de Salud 2016, p. 261), en tanto que en Muface era de 1.463 euros/año (Diario El Mundo, 28-12-17, p.12, ‘Muface y las aseguradoras renuevan el concierto por 2.161 millones y dará cobertura a 1.477.320 beneficiarios’). Lo que sí parece evidente es que si desapareciera el modelo Muface y lo absorbiera el sistema público es posible que este pudiera colapsar y las listas de espera actuales se incrementarían de forma insoportable para los ciudadanos.

Veamos otras alternativas posibles y deseables. El Estado, en virtud de lo establecido en el artículo 149.1.16 de la Constitución Española, goza de las facultades de establecer los principios y criterios sustantivos que permitan conferir al sistema sanitario las características generales y comunes que sean fundamento de los servicios sanitarios en todo el territorio del Estado.
En base a ello realizamos esta propuesta (1), común para todos los ciudadanos, que se caracteriza por separar la financiación de la provisión de las prestaciones sanitarias. La financiación debería revertirse desde las autonomías al Estado para incluirlas en los Presupuestos Generales del Estado, de forma que desde el Sistema Nacional de Salud se financiaría las prestaciones sanitarias realizadas por una red de centros públicos y privados concertados. El precio a pagar por la prestación sería fijado dentro de un Baremo de Precios Nacional. Cada centro, público o privado, realizará un presupuesto anual de Ingresos, Gastos y Resultados, debiendo tener autonomía absoluta de gestión, respondiendo de la misma ante sus titulares que en el caso de los centros públicos serán por lo general las comunidades autónomas. El resultado económico anual de cada centro público (positivo o negativo) correspondería al titular del mismo.
Con el sistema que proponemos a cada asegurado se le hace entrega de una tarjeta digitalizada con la que tendrá acceso a los distintos servicios en toda la red nacional de centros concertados públicos y privados, donde será atendido y estos repercutirán su prestación al Sistema Nacional de Salud. La elección de centros para el asegurado es libre, en cada nivel, si bien pasar de nivel tendría que ser prescrito por un médico del nivel anterior.

Las ventajas del modelo propuesto, abreviadamente podemos resumirlos en los siguientes:

1. Garantiza la igualdad de los españoles.

2. Asigna equitativamente los recursos públicos.

3. Garantiza la sostenibilidad del SNS.

4. Mejora la financiación autonómica.

5. Facilita la integración Muface, Mugeju é Isfas.

6. Desaparecen las listas de espera.

7. Facilita renovar la tecnología sanitaria.

8. Aumenta la satisfacción y responsabilidad de los asegurados.

9. Aumenta la calidad asistencial por el efecto competencia.

Las claves de este planteamiento están en gestionar todos los centros concertados, públicos y privados, basándose en la calidad y en los resultados que ellos mismos sean capaces de conseguir con su buena gestión de atención a los pacientes, ingresos y gastos, porque los asegurados tendrán la libertad de elección de centros en todo el territorio nacional. Hay que resaltar que esta solución sería como agua de mayo para las autonomías, que podrían aumentar sus ingresos netos si la gestión es buena o dar pérdidas si la gestión no es tan buena. Es decir el resultado anual de cada centro público (positivo o negativo) corresponde al titular del mismo, quien deberá determinar en su normativa propia el destino que deba darle. Se trata de pasar de gestionar presupuestos a gestionar resultados. Y de saber elegir al equipo directivo. Nada más.

(1) Las personas interesadas en conocer esta propuesta pueden acceder a la tesis doctoral del autor de este artículo en: http://e-spacio.uned.es/fez/
(Artículo publicado en HOY el 2 de julio de 2020)

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