DocumentosEconomía/Social

Nuestro compañero en el Club Sénior, Fernando López Rodríguez, catedrático en la UEX, dirigido un trabajo de investigación universitaria sobre los costos de la energía y su repercusión sobre la economía extremeña.

Siendo Extremadura la región con la renta y el PIB más bajos de España, en unos momentos de la crisis generada por el COVID 19, se debe aprovechar para rebajar el precio de la energía para distintos usos, entre ellos el industrial, igual que se ha hecho con Baleares, Canarias y País Vasco, con el fin de conseguir que las empresas dispongan de un incentivo para instalarse en la región, aprovechando también que se genera mucha energía renovable, y así conseguir dinamizar la economía. Extremadura no puede seguir siendo la región con el PIB más bajo de España, sin visos de converger con la media de las comunidades. Es necesario tomar medidas y una de esas medidas puede ser rebajar el precio de la electricidad. El estudio propone una bajada de los costes regulados y peajes en un 43,12 %, lo que se traduce en un descenso de precios para los consumidores domésticos del 35%, y del 50% para los clientes industriales, lo que es muy interesante para los consumidores extremeños y es un incentivo más para las nuevas empresas que quieran instalarse en la región.
Esta es la principal conclusión de un trabajo de investigación universitario dirigido por nuestro compañero del Club Sénior Fernando López, catedrático de la Universidad de Extremadura. Por su indudable interés lo ofrecemos a nuestros socios en el siguiente enlace.

Economía/SocialINFORMES

PEDRO MARTÍN RUIZ

El autor, licenciado en Derecho y sociólogo por oposición, experto en cuestiones de ordenación del territorio con amplia experiencia profesional en Castilla y León, Andalucía y Extremadura, señala en este interesante trabajo que no se trata de crear una nueva estructura administrativa ni aumentar el número de empleados públicos, que ya son muchos, sino reorganizar los efectivos actuales y, en todo caso, consolidar los puestos de trabajo mediante oposiciones y concursos de mérito, eliminando la temporalidad excesiva del personal contratado e interino.

Economía/Social

La región necesita un Plan Estratégico Territorial y con la pandemia se abre una oportunidad para definir las claves del desarrollo futuro

JULIÁN MORA ALISEDA Doctor en Geografía por la UEx y doctor en Sociología por la Universidad Complutense de Madrid

SIEMPRE he venido señalando que Extremadura necesita un Plan Estratégico Territorial, pues es la herramienta clave para intervenir de forma racional sobre el mismo. Con la pandemia del coronavirus, además de una necesidad se abre una oportunidad para definir las claves del desarrollo futuro, ya que nunca hemos tenido unas directrices y propuestas adaptadas en el pasado y ello explica todo el atraso que padecemos en cualquiera de los indicadores sociales y económicos, más propios de otros continentes que de la Unión Europea en la que nos insertamos.

La ordenación del territorio, en su acepción más generalizada, se define como una técnica para delimitar los espacios geográficos según sus aptitudes para soportar con el menor impacto los diferentes usos del suelo, compatibilizando desarrollo socioeconómico y preservación ambiental.

En ese sentido, la elaboración de un Plan Estratégico para abordar el escenario poscovid, debería convertirse en un instrumento valiosísimo para vertebrar las políticas internas de la comunidad extremeña con las específicamente sectoriales (transportes, comunicaciones, hídricas, ambientales, etc.), que afectan de forma directa o indirecta al territorio, entendido este como el espacio donde se plasman no sólo los factores fisiográficos y naturales (geomorfología, geología, clima, hidrografía, vegetación y fauna) sino también los antrópicos (sistemas de poblamiento, usos del suelo, red de infraestructuras y equipamientos, estructura socio-económica, identidad cultural y el marco político-institucional).

Cualquier legislación territorial, económica o urbanística actualmente en funcionamiento o en curso de aprobación se ha quedado obsoleta (si es que ya no estaban totalmente desajustadas a la realidad de su momento al ser copias casi literales de otras comunidades sin similitudes con Extremadura, lo que viene a ser como recetar el mismo médicamente al hipertenso que al diabético) por mor de las circunstancias adversas que atravesamos. Consiguientemente, tenemos que afrontar un escenario totalmente nuevo en el que encontrar, tras tantos intentos fallidos desde que somos comunidad autónoma, nuevas oportunidades a través de la explotación racional de nuestras ventajas comparativas en la inmensa dotación de recursos naturales (hídricos, agrarios, geológicos, mosaicos geográficos, etc.) para transformar y generar cadenas de valor.

Para ello, tenemos que servirnos de las lecciones aprendidas de las malas praxis para evitar situaciones kafkianas como Isla de Valdecañas, que casi nos cuesta un disgusto económico semejante dislate, además de una inseguridad jurídica para el futuro.

Sin mencionar los enrevesados y demorados planes urbanísticos aprobados, sustento para la implantación de actividades económicas, que se redactaron con limitaciones a la expansión de suelos urbanizables (como si en Extremadura tuviésemos un problema de crecimiento demográfico o de demanda exagerada de instalaciones industriales o residenciales), trasplantados desde mentalidades urbanas a nuestro «rural profundo». Todo ello, unido a cuestiones de fiscalidad más elevada, burocracia excesiva y exasperante, que hacen desistir a cualquiera con iniciativa emprendedora, explica la dinámica regresiva de nuestra región en todas las variables oficiales al uso.

Este despropósito planificador conllevó, a pesar de nuestras reiteradas advertencias públicas, a delimitar y clasificar zonas ambientalmente protegidas que no reunían los criterios científicos para tal caracterización y que están suponiendo una ‘camisa de fuerza’ que inmoviliza nuestra imperiosa necesidad de desarrollo regional.

Se ha verificado en las últimas décadas que los tradicionales documentos aprobados a modo de panacea, ya sean los de la Economía Verde y Circular 2030 (suena irónico ese título en Extremadura, donde abundan los espacios boscosos y la circulación demográfica es la emigración y la regresión poblacional) o las Agendas de Reactivación o los enésimos Planes de Empleo, sólo están sirviendo para acentuar la debilidad estructural y contribuyendo a afianzar el dramático futuro que se cierne sobre nuestra comunidad autónoma.

Sé que no es políticamente correcto lo que vengo señalando desde hace muchísimo tiempo, pero las estadísticas son tozudas y acaban aliándose con las proyecciones que realizamos. Por tanto, para evitar que Extremadura mantenga esta tendencia al suicidio colectivo, tengamos el coraje de cambiar radicalmente el rumbo como ya dije hace unos meses en la Real Sociedad Económica Amigos del País, máxime ahora que las circunstancias nos impelen a ello. Mejor mudar de tratamiento cuando todavía nos quedan algunas fuerzas que continuar con esas medidas de efecto placebo hasta quedar exangües.

En definitiva, repetir lo mismo de siempre nos mantiene sedados en la pobreza e instalados en la consiguiente fuga de capital humano joven (lo más preciado que tenemos en el presente para el futuro). Y ello nos ha situado al borde del abismo como región, hasta el punto que si no quebramos las lúgubres tendencias desapareceremos del mismo modo que las especies faunísticas amenazadas de extinción: por desaparición de su hábitat o por su incapacidad reproductiva. Ambos escenarios están presentes en Extremadura: un territorio sin explotar racionalmente (inhabitable), con una sangría migratoria que impide el relevo generacional y nos retrotraerá al siglo XIX.

Desde la universidad seguimos estando disponibles para colaborar con los poderes públicos, puesto que también somos administración y hemos asumido un compromiso desde el conocimiento para la transformación de las estructuras socioculturales y económicas de esta tierra tan extremamente necesitada de una estrategia territorial.

Economía/Social

Proponemos la creación en cada comunidad de una fundación asistencial que afronte todo el gasto sanitario que generen las personas extranjeras no registradas ni autorizadas como residentes en España

JOSÉ JEREZ IGLESIAS. Economista y doctor en Derecho.

La cuestión de la asistencia sanitaria a las personas extranjeras, conocidas como los ‘sin papeles’, es de una trascendencia humanitaria vital, pero controvertida por el coste económico que tiene para nuestra economía. El Real Decreto Ley 16/2012 redujo la asistencia a los casos de urgencias y accidentes, embarazo, parto y postparto, y en el caso de los menores de 18 años, toda la asistencia. Posteriormente, el Real Decreto Ley 7/2018 ha modificado esa situación y ha dispuesto que a esas personas se les preste la atención sanitaria en las mismas condiciones que a las personas con nacionalidad española.

Parece evidente que lo dispuesto en el Real Decreto-ley 7/2018, de 27 de julio, es una medida que desde un punto de vista subjetivo, del ser humano, aporta una solución práctica, pero de poco recorrido a largo plazo a mi parecer, porque no se abordan objetivamente los intereses en juego y los efectos a futuro de todas las decisiones que se adoptan, así como hacerlo compatible con la más que dudosa sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud. Alternativamente proponemos la creación en cada comunidad autónoma de una Fundación Asistencial Sanitaria con el objeto de financiar todo el gasto sanitario en que se pueda incurrir por la atención que reciban las personas extranjeras no registradas ni autorizadas como residentes en España, todo ello en los términos que en este trabajo se describen. El ámbito de la Fundación que proponemos debe limitarse al de su propio territorio autonómico.

La Constitución Española, en su artículo 34, reconoce el derecho de fundación para fines de interés general, con arreglo a la ley. Según la Ley 50/2002, de 20 de diciembre, de Fundaciones, que regula el derecho fundacional reconocido en la Constitución española, una fundación es una organización constituida sin fin de lucro, que tiene afectado de modo duradero su patrimonio para la realización de fines de interés general.

Será beneficiario de la asistencia sanitaria en la Fundación toda aquella persona que se encuentre en territorio nacional, en la cual se den estas dos condiciones: a) No tenga derecho a obtener la condición de asegurado en el Sistema Nacional de Salud, y b) No tenga patrimonio propio y/o rentas de cualquier naturaleza, dentro o fuera del territorio nacional, superior a los límites que en cada momento se determine.

Tendrán derecho a que se les expida una tarjeta de asistencia sanitaria específica de la fundación, a título individual para los mayores de edad, e incluidos a los menores con cada uno de sus progenitores. La tarjeta será expedida por la Fundación previa solicitud realizada por cualquiera de los órganos de la administración central, autonómica o local, o entidades asistenciales sin fines lucrativos, como Cruz Roja, Cáritas, etc, relacionados con los colectivos excluidos del derecho, todo ello en los términos y con la documentación que se establezca, siempre que se ajuste a la normativa y criterio de la Fundación.

La tarjeta que se emita deberá determinar lo siguiente: el ámbito territorial limitado a la comunidad que la emite, temporal, asistencial y de centros. Cada centro que preste sus servicios factura los mismos a la fundación, quien se hará cargo de su pago. Cada fundación debe constituirse bajo la protección de dos fundadores, por un lado la comunidad autónoma correspondiente, y de otro la Administración central, por medio de los órganos que cada parte designe. Estos dos fundadores serán los garantes de la financiación de la fundación y por tanto de aportar los recursos económicos de la dotación inicial, así como los que requiera la financiación neta de su actividad, hasta equilibrar anualmente la financiación de sus gastos. Entre las fuentes externas de financiación de la fundación se potencia la aportación financiera de los benefactores, entre los que distinguimos:

1) Benefactores vinculados con el sector sanitario. Serían aquellos que, por su actividad profesional o empresarial, están más relacionados con el sector sanitario, por ejemplo, laboratorios farmacéuticos, empresas de servicios sanitarios, tecnología y equipamiento sanitario, constructoras, suministradores, etc.

Este tipo de benefactores, si lo consideran conveniente, firmarán un acuerdo de financiación como benefactor de la fundación mediante el cual se comprometen a donar a la fundación un porcentaje del importe de cada concurso público que le adjudique la administración autonómica (a determinar, por ejemplo un 0,10%, 0,20%, 0,30%, etc, del valor de adjudicación) el cual sería considerado como puntuable para concursos públicos de adjudicación de bienes o servicios.

2) Benefactores no vinculados con el sector sanitario. En este bloque de benefactores pueden encuadrarse todas aquellas personas físicas o jurídicas (asociaciones, fundaciones, empresas, etc), que se sienten solidarios y desean cooperar con fondos propios, cuyos donativos gozarán de todos los beneficios fiscales y exenciones que correspondan. Caso Amancio Ortega (Zara, Inditex).

Con la implantación en cada comunidad autónoma de una Fundación Sanitaria Asistencial de estas características, se obtendrían las siguientes ventajas: a) Prestar la asistencia sanitaria, controlarla, y que su coste no lo soporte el centro sanitario público que realiza la prestación. b) Saber el número de beneficiarios y el coste anual incurrido con la prestación sanitaria. Y c) Sufragar el gasto incurrido entre los benefactores sociales, hasta donde alcance, y el resto financiarlo al 50%, entre cada comunidad autónoma y la Administración central del Estado.
(Artículo publicado en el diario HOY el 6 de agosto de 2020)

Economía/Social

Las claves de la propuesta están en gestionar todos los centros basándose en la calidad y en los resultados que ellos sean capaces de conseguir con su buena gestión, porque los asegurados tendrán libertad de elección en todo el país


JOSÉ JEREZ IGLESIAS Economista y doctor en Derecho. Miembro del Club Senior de Extremadura

En la disposición adicional decimonovena de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, se regulan los conciertos para la prestación de asistencia sanitaria celebrados por la Mutualidad de General de Funcionarios Civiles del Estado (Muface), la Mutualidad General Judicial (Mugeju) y el Instituto Social de las Fuerza Armadas (Isfas).
Para la protección de un colectivo de alrededor de un millón y medio de personas, Muface, Isfas y Mugeju gestionan un importante conjunto de prestaciones, entre otras, la asistencia sanitaria, incluyendo la farmacéutica, en su calidad de gestoras del Régimen Especial de la Seguridad Social de los funcionarios civiles del estado, los miembros de las fuerzas armadas y los de la judicatura. Esta asistencia se le puede proporcionar a elección del mutualista, bien en el sistema sanitario público o a través de los medios de las entidades de seguro libre que hayan concertado con la Mutualidad dicha asistencia. El sistema sanitario público es elegido ahora por un 20% de mutualistas, optando el 80% por el seguro libre.

El sistema no está exento de problemas, pero todos están interesados en mantener el modelo actual, en el que el funcionario asegurado puede elegir libremente la asistencia, cuya representación la ejercen a través del sindicato de funcionarios CSI-F. Al parecer el ‘problema’ es que el Ministerio del que sale directamente la partida para pagar el convenio con las aseguradoras es Hacienda, que no es el mismo que el que recoge los frutos por el mismo, Sanidad y las comunidades autónomas, que ven cómo se ahorran recursos. Sin embargo, las cuentas globales sobre el ahorro parecen claras: El gasto medio en sanidad pública para el Estado, por cada ciudadano, se situaba en 2016, en 2.058 euros/año (Informe Nacional de Salud 2016, p. 261), en tanto que en Muface era de 1.463 euros/año (Diario El Mundo, 28-12-17, p.12, ‘Muface y las aseguradoras renuevan el concierto por 2.161 millones y dará cobertura a 1.477.320 beneficiarios’). Lo que sí parece evidente es que si desapareciera el modelo Muface y lo absorbiera el sistema público es posible que este pudiera colapsar y las listas de espera actuales se incrementarían de forma insoportable para los ciudadanos.

Veamos otras alternativas posibles y deseables. El Estado, en virtud de lo establecido en el artículo 149.1.16 de la Constitución Española, goza de las facultades de establecer los principios y criterios sustantivos que permitan conferir al sistema sanitario las características generales y comunes que sean fundamento de los servicios sanitarios en todo el territorio del Estado.
En base a ello realizamos esta propuesta (1), común para todos los ciudadanos, que se caracteriza por separar la financiación de la provisión de las prestaciones sanitarias. La financiación debería revertirse desde las autonomías al Estado para incluirlas en los Presupuestos Generales del Estado, de forma que desde el Sistema Nacional de Salud se financiaría las prestaciones sanitarias realizadas por una red de centros públicos y privados concertados. El precio a pagar por la prestación sería fijado dentro de un Baremo de Precios Nacional. Cada centro, público o privado, realizará un presupuesto anual de Ingresos, Gastos y Resultados, debiendo tener autonomía absoluta de gestión, respondiendo de la misma ante sus titulares que en el caso de los centros públicos serán por lo general las comunidades autónomas. El resultado económico anual de cada centro público (positivo o negativo) correspondería al titular del mismo.
Con el sistema que proponemos a cada asegurado se le hace entrega de una tarjeta digitalizada con la que tendrá acceso a los distintos servicios en toda la red nacional de centros concertados públicos y privados, donde será atendido y estos repercutirán su prestación al Sistema Nacional de Salud. La elección de centros para el asegurado es libre, en cada nivel, si bien pasar de nivel tendría que ser prescrito por un médico del nivel anterior.

Las ventajas del modelo propuesto, abreviadamente podemos resumirlos en los siguientes:

1. Garantiza la igualdad de los españoles.

2. Asigna equitativamente los recursos públicos.

3. Garantiza la sostenibilidad del SNS.

4. Mejora la financiación autonómica.

5. Facilita la integración Muface, Mugeju é Isfas.

6. Desaparecen las listas de espera.

7. Facilita renovar la tecnología sanitaria.

8. Aumenta la satisfacción y responsabilidad de los asegurados.

9. Aumenta la calidad asistencial por el efecto competencia.

Las claves de este planteamiento están en gestionar todos los centros concertados, públicos y privados, basándose en la calidad y en los resultados que ellos mismos sean capaces de conseguir con su buena gestión de atención a los pacientes, ingresos y gastos, porque los asegurados tendrán la libertad de elección de centros en todo el territorio nacional. Hay que resaltar que esta solución sería como agua de mayo para las autonomías, que podrían aumentar sus ingresos netos si la gestión es buena o dar pérdidas si la gestión no es tan buena. Es decir el resultado anual de cada centro público (positivo o negativo) corresponde al titular del mismo, quien deberá determinar en su normativa propia el destino que deba darle. Se trata de pasar de gestionar presupuestos a gestionar resultados. Y de saber elegir al equipo directivo. Nada más.

(1) Las personas interesadas en conocer esta propuesta pueden acceder a la tesis doctoral del autor de este artículo en: http://e-spacio.uned.es/fez/
(Artículo publicado en HOY el 2 de julio de 2020)

Economía/Social

¿Sirve para algo que Extremadura disponga de una superproducción energética? ¿Está rentabilizando Extremadura el que seamos grandes productores eléctricos con energía solar? Encontrar mecanismos para que las empresas promotoras tributenen Extremadura y que la mano de obra que emplean sea de la zona donde se construye la central deben ser objetivos prioritarios.


FERNANDO LÓPEZ RODRÍGUEZ. Doctor ingeniero industrial, catedrático de la Universidad de Extremadura.

Si hablamos de energías renovables, lo que nos viene inmediatamente a la cabeza son las plantas fotovoltaicas, esas inmensas superficies llenas de paneles con los que éramos en Extremadura los terceros productores de energía eléctrica con esa fuente, pero amenazando con asaltar el primer puesto antes de que sucediese lo del COVID -19. No en balde la Consejería para la Transición Energética, en palabras de la consejera, dijo que Extremadura podría albergar el 20% de la potencia que prevé del Plan Nacional de Energía y Clima, es decir unos 11.000 MW de fotovoltaica en el 2030.
La pregunta es ¿sirve para algo que Extremadura disponga de esta superproducción energética? ¿Está rentabilizando Extremadura el que seamos grandes productores eléctricos con energía solar? Se critica mucho que estas plantas no creen empleo y que la tributación de las grandes empresas que construyen estas plantas se efectúe fuera de Extremadura. No obstante analicemos si estas afirmaciones son ciertas.
Efectivamente se genera empleo, por ejemplo, la planta de Usagre e Hinojosa, Nuñez de Balboa, de 500 MW y 1.000 Ha de extensión, una de las mayores, si no la mayor de Europa, ha alcanzado picos de 1.300 trabajadores, en épocas de punta. La Consejería para la Transición Ecológica declaró que durante el primer semestre de 2019, época de mucho avance de la fotovoltaica, se crearon 2.300 empleos.
Lo que sí está claro es que en una planta, cuando se concluye, desciende inmediatamente el número de trabajadores, y por ejemplo, la misma planta de Usagre Hinojosa no dispondrá de más de 20-30 empleos durante la explotación. Bien es verdad que también se genera empleo, ya que esas superficies de dehesas dedicadas a la ganadería (1.000 Ha), no generan más de un empleo, el del pastor o cuidador del ganado. Otra de las ventajas de las grandes plantas es que mejoran el ecosistema y permiten la biodiversidad, e incluso llegan a regular la ganadería intensiva.
Es evidente que en estas plantas hay muy pocas empresas extremeñas que puedan estar en la construcción o explotación, aunque no es el caso de la Núñez de Balboa, en la que sí hay una empresa extremeña, pero es obvio que las grandes promotoras no tributan en Extremadura, tan solo contribuyen con el canon urbanístico y el ICIO (impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras) a la economía extremeña, además de los alquileres anuales de los terrenos a los propietarios.
¿Pero qué ha ocurrido con la COVID-19? El cierre de empresas y el paro en la economía han hecho descender tremendamente la demanda, lo que ha motivado el descenso en el precio de la electricidad. En el Pool, donde se lleva a cabo la casación de la oferta/demanda, una especie de mercado mayorista donde se fija el precio de la electricidad, en estos momentos el precio está muy bajo, de forma que no se cubre el coste de explotación de la fotovoltaica, el Coste Nivelado de Electricidad (LCOE). Esto debe hacer pensar a las empresas si siguen o no con los proyectos.
Antes de la COVID-19, la Consejería manifestaba disponer ya de 151 proyectos, el 77% en tramitación, con potencia total de 8.000 MW, en camino de esos 11.000 Mw. Incluso se ha anunciado la reactivación de los plazos de tramitación. Todo esto quiere decir, si la economía española comienza a funcionar, que se reactivará la demanda y el monocultivo eléctrico extremeño, procedente de las huertas solares también continuará su expansión.
Se ha repetido ya en varias ocasiones que la generación de energía en Extremadura es barata, nuclear, renovable e hidroeléctrica, y no hay que amortizar instalaciones, porque están ya amortizadas, tal como la central nuclear o las presas y pantanos, y la renovable se hace con financiación totalmente privada. La energía que se consume, o se va a consumir en Extremadura, es renovable, o se puede cubrir con renovables, se genera, por tanto, próxima al consumo y sin peajes ni pérdidas por transporte. Es decir, es muy barata.
Sin embargo, tenemos el inconveniente de soportar esos inmensos campos de paneles en nuestras dehesas y cultivos, se habla de llegar a 200.000 Ha según determinas previsiones, y una nuclear que nadie quiere tenerla próxima a su territorio, además abastecemos con energía eléctrica a siete u ocho comunidades autónomas ya que producimos 4,5 veces más de lo que necesitamos y seguimos siendo la región más pobre de España.
Esto no debe seguir así. La base tal vez sea el apoyo al empresario y a todas las empresas que puedan surgir de la crisis con la bajada del precio de la energía, lo que no supone nada extraordinario, sino más bien se nos debe a los extremeños. Encontrar mecanismos para que las empresas promotoras tributen en Extremadura o dejen unos beneficios similares a lo que dejan de tributar en la región, y que la mano de obra que emplean en la construcción de las plantas y posterior explotación sea de la zona en donde se construye la central, deben ser también objetivos prioritarios.
Sin esto, pasará la postguerra, el COVID-19, e incluso la colonización energética, como algunos la llaman, sin que de nuevo se note en Extremadura y sin aprovechar las ventajas económicas y empresariales que, sin duda, otras regiones sí que aprovecharán.

(Artículo publicado en HOY el 7 de junio de 2020)

Economía/Social

China se afilió a los organismos internacionales con la intención de transformar a otros lugares en vez de transformarse a sí misma y ha dejado clara su ambición de liderar el mundo en las tecnologías importantes del futuro.

CECILIO J. VENEGAS FITO. Farmacéutico

Se le atribuye a Napoleón Bonaparte una frase tan redonda e icónica que es probable que también sea falsa. Afirmó en 1803: «Cuando China despierte, temblará el mundo».

Seguro que ya le ha llegado el sonido del despertador hace años, y simplemente está ahora saliendo de la ducha. Porque el despertar ha sido para, entre otras conquistas, enfrentarse a un reto mucho más grande que el de la construcción de su Gran Muralla: el control de la economía de la Tierra.

China fue una cultura milenaria, adormecida en un régimen feudal cuando Occidente le llevaba ya trescientos años de ventaja en revoluciones agrícolas, pre-industriales e industriales, e incluso tecnológicas.

También el filósofo español Ortega y Gasset recomendaba hace ya décadas a Occidente que se preparase para el día en el que la coleta de un chino asomara por los Urales, marcando así el inicio de la temida invasión amarilla. No sabía Ortega, no podía imaginarlo, porque sobrepasaba con mucho la cultura cuasi fisiocrática imperante en su tiempo, que el sueño imperial chino no consiste en expandirse territorialmente sino en atraer hacia sí a todos los demás países y que, por tanto, la coleta del chino no asomaría seguida de una daga, sino de un fajo de billetes. Tampoco sabía, dada la estrategia de conquista por el consumo, que en esa larga marcha, los Andes, los Apeninos o incluso las Montañas Rocosas podían ser tan vulnerables como los Urales.

Los pasos gigantescos del dragón chino no se basan exclusivamente en la posesión económica: En la última olimpiada fue el tercer país que más galardones subió al medallero, y el concurso de Miss Mundo se le adjudicó a una compatriota en 2007 y 2012. China juega en todas las canchas.

Y es que con un área de 9,6 millones de kilómetros cuadrados, es el segundo país del mundo en superficie terrestre. Alberga, además, a una de las más viejas civilizaciones del planeta. Después de la Segunda Guerra Mundial, el Partido Comunista derrotó a los chinos nacionalistas y se estableció la República Popular China en Beijing el 1 de octubre de 1949.

A partir de las reformas económicas de 1978, el país se convirtió en la economía de más rápido crecimiento a nivel mundial, con ritmos del 10% en los últimos 30 años. Además, la República Popular es, desde 2008, la segunda potencia económica mundial según su Producto Interior Bruto (PIB) (solo superada por los Estados Unidos) y es el mayor exportador mundial y el segundo importador mundial de bienes. Sin embargo, en términos per capita, China está en el puesto 87º lugar por su PIB. Esto revela en parte las enormes disparidades que existen en el país, y que la revolución de Mao había intentado eliminar para siempre.

Una muestra de esas disparidades es el consumo de algunos artículos que eran considerados de lujo en el país. Así se calcula que la producción de automóviles aumentará en un 30% hasta llegar a los $200 billones (americanos) de dólares en los próximos años, fenómeno paralelo a la preferencia cada vez más grande por los automóviles comparados con la más tradicional bicicleta. A ello se le añade un aumento del 20,8% en la industria de comida basura y de las ventas de champagne y coñac que alcanzan cifras récord en el país. Se calcula que China tiene 66 billonarios (billones americanos) o sea el segundo puesto a nivel mundial después de los Estados Unidos, que tiene 415. Una explosiva mezcla de capitalismo con ascendencia comunista. Es notorio cómo se ha pasado en pocas décadas de las siheyuan, vivienda tradicional inexorablemente reemplazadas por gigantescos rascacielos. El cambio no es solamente urbanístico, pues una forma de vida comunal está siendo paulatinamente reemplazada por la vida anónima de los grandes edificios modernos.

Seguramente quizás haya hecho falta un tsunami de realidad para hacernos ver hasta qué punto dependemos de las infraestructuras, las importaciones y la tecnología china. Desde humildes mascarillas hasta sofisticados equipos de PCR.

Mao dijo «China es un gigante que se ha puesto de pie y nunca más se arrodillará». Y procuró tomarse la frase al pie de la letra.

Hoy en día no solo sigue en pie, sino que resiste de una manera colosal. Sí, China resiste. El país tenía la intención de entrar en los foros multilaterales para empezar a cambiar el modo en que estos regulan el comercio mundial. En otras palabras, China se afilió con la intención de transformar a otros lugares en vez de transformarse a sí misma y ha dejado claras sus ambiciones de liderar el mundo en las tecnologías importantes del futuro, como la robótica y la inteligencia artificial (IA). Muchas empresas estadounidenses trasladaron allí su producción para aprovechar los bajos costos de la mano de obra. Sin embargo, esas compañías pagaron un alto precio: «China las ha forzado a entregarles su tecnología, su propiedad intelectual», aseguran.

«Este es el aspecto central de la competencia ahora –destaca Bonnie Glaser–, porque si China llegara a tener éxito en estas áreas, probablemente podría reemplazar a Estados Unidos como la potencia líder en el mundo». Y eso es lo que ahora está en juego.

(Artículo publicado en HOY el 31 de mayo de 2020)