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El coronavirus desempeña con eficacia su afán: mutando y matando.
¿Y si cumpliéramos a rajatabla la locución latina adverbial ‘mutatis mutandi’? En lengua romance, cambiando lo que se debe cambiar


AGUSTÍN MUÑOZ SANZ. Infectólogo, profesor titular de la Universidad de Extremadura y miembro de Club Sénior.

Entre las preocupaciones de los defensores de la vacunación anticoronavirus están contrarrestar los argumentos esgrimidos por los movimientos antivacunas, amén de tranquilizar y persuadir a los indecisos. Los oponentes propalan que las vacunas ARNm, de rango genético, alteran el genoma humano. Defienden que una secuencia de ARNm sintetizada en un laboratorio podría integrarse en el ADN de las células del vacunado y modificar su genoma. La FDA (USA) y el Instituto Robert Koch (Alemania) aseguran que las vacunas ARNm no entran en el núcleo celular, donde reside –protegido– el ADN. Ambos organismos certifican que las vacunas no son terapia génica. ¿Está dicho todo sobre la interacción genética entre coronavirus y humanos?
El genoma humano (ADN) acoge segmentos de virus, por ejemplo, los retrovirus endógenos, que representan el 5%-8% del saldo total genómico. También contiene el denominado LINE-1 (siglas en inglés del Elemento Intercalado Largo-1), una secuencia genética movible capaz de crear o invertir mutaciones. LINE-1 acumula restos evolutivos de virus antiguos integrados en el genoma humano (como perlas de un collar) en cuantía del 17%. La expresión de LINE1 puede ser aumentada por virus (VIH, SARS-2) y ciertas moléculas biológicas naturales.
Un estudio experimental reciente, pendiente de sortear la necesaria revisión por pares de expertos en una revista de prestigio (garantía de control científico externo), y realizado en el MIT (Massachusetts Institute of Tecnology) y en la Universidad de Harvard, demuestra que las células humanas infectadas con el SARS-2 aumentan la expresión del LINE-1 capaz de integrar (mediante retrointegración) secuencias genéticas del virus en el genoma humano (esto se llama quimera). Los genes quiméricos ordenarían la síntesis de la proteína N vírica, un componente de la estructura viral. También lo puede hacer el virus del sida.
El novedoso fenómeno abre nueva vías de investigación de un virus que sorprende a diario a los más listos de la clase. Si el experimento del MIT/Harvard se demostrara ‘in vivo’, en animales y en humanos, permitiría preguntarse lo siguiente: ¿Reinfección o reactivación?
Las reinfecciones (volver a infectarse un infectado), siendo posibles, son raras. La mayor parte de los pacientes con una PCR positiva, tras haber sido negativos en dos ocasiones previas (al alta del hospital o del centro de salud), en verdad tendrían una reactivación, y no una reinfección. Las reinfecciones se deben a una variante vírica distinta a la primera. Pero, muy importante, no se reproduciría el genoma del coronavirus completo, sino solo la proteína N, carente de capacidad de contagio. Los sujetos con reactivación no serían contagiosos.
¿Y qué significaría esto en la práctica médica? ¿Revisar las PCR? El supuesto anterior plantearía revisar los protocolos de las pruebas de PCR realizadas en el seguimiento del paciente, antes de dar el alta y de incorporarse a su vida social y laboral. El lector habitual de este periódico acaso recuerde un
artículo previo (‘Un disparo en la oscuridad’, HOY, 15 de septiembre) donde analizamos este importante asunto.
¿Respuesta inmune favorable? La presencia de la proteína N, sintetizada merced a la expresión aumentada de LINE-1, podría estimular de forma prolongada el sistema inmunológico humano. Se trataría de una estrategia biológica capaz de neutralizar al virus. Un efecto beneficioso o ventaja adaptativa para el humano y deletéreo para el virus. Sería como una vacuna natural: en lugar de utilizar el RNAm sintético de las vacunas Pfizer/Moderna que secuencia la proteína S (Spike), el antígeno provocativo
de la respuesta inmunitaria sería la proteína N (nucleocápside) inducida por el LINE-1 natural. Pero…
¿Respuesta inmune desfavorable? El aumento de la expresión del LINE-1 humano provocado por SARS-2 o el VIH también ocurre cuando se exponen las células experimentales humanas a citocinas (unas moléculas proinflamatorias sintetizadas por otras células). Esto podría provocar efectos indeseables: a) una respuesta inmunitaria excesiva y pronta (la famosa tormenta de citocinas) con enorme daño multiorgánico, incluso la
muerte; b) una respuesta inmunitaria más suave, prolongada y persistente, origen de fenómenos autoinmunes; es decir, de daños en los tejidos y órganos del sujeto infectado (las enfermas de lupus eritematoso conocen el calvario); y c) incluso –quién lo sabe– podría explicar algunos de los
síntomas que maltratan a los pacientes covid-19 de larga duración (el 10% de los infectados). Este último supuesto no es del MIT/Harvard.
En fin, hay un universo de cuestiones. Y lo que nos falta por aprender. Mientras los humanos dilapidamos el tiempo compitiendo en comportamientos indicativos de una involución de la especie (¡pobre
Darwin!), el coronavirus –miembro notable de la cofradía de los virus ARN– desempeña con eficacia su afán: mutando y matando. Pregunta final: ¿y si cumpliéramos a rajatabla la locución latina adverbial ‘mutatis mutandi’? En lengua romance.cambiando lo que se debe cambiar.

Artículo publicado en el diario HOY el sábado 2 de enero de 2021.

DocumentosEconomía/Social

Nuestro compañero en el Club Sénior, Fernando López Rodríguez, catedrático en la UEX, dirigido un trabajo de investigación universitaria sobre los costos de la energía y su repercusión sobre la economía extremeña.

Siendo Extremadura la región con la renta y el PIB más bajos de España, en unos momentos de la crisis generada por el COVID 19, se debe aprovechar para rebajar el precio de la energía para distintos usos, entre ellos el industrial, igual que se ha hecho con Baleares, Canarias y País Vasco, con el fin de conseguir que las empresas dispongan de un incentivo para instalarse en la región, aprovechando también que se genera mucha energía renovable, y así conseguir dinamizar la economía. Extremadura no puede seguir siendo la región con el PIB más bajo de España, sin visos de converger con la media de las comunidades. Es necesario tomar medidas y una de esas medidas puede ser rebajar el precio de la electricidad. El estudio propone una bajada de los costes regulados y peajes en un 43,12 %, lo que se traduce en un descenso de precios para los consumidores domésticos del 35%, y del 50% para los clientes industriales, lo que es muy interesante para los consumidores extremeños y es un incentivo más para las nuevas empresas que quieran instalarse en la región.
Esta es la principal conclusión de un trabajo de investigación universitario dirigido por nuestro compañero del Club Sénior Fernando López, catedrático de la Universidad de Extremadura. Por su indudable interés lo ofrecemos a nuestros socios en el siguiente enlace.

Documentos

Las sesiones se desarrollaron de forma telemática con un amplio seguimiento de socios

Para el pasado martes 15 de diciembre el Club Sénior de Extremadura tenía convocadas dos sesiones estatutarias, una de carácter extraordinario y otra ordinario, que en ambos casos se desarrollaron de forma telemática debido a las limitaciones y medidas adoptadas a causa de la actual pandemia. En ambos casos la participación de socios fue notable teniendo en cuenta la novedad del procedimiento y la complejidad tecnológica que conlleva. El seguimiento permitió cumplir adecuadamente los requisitos jurídicos para dar validez a los acuerdos adoptados. En la asamblea extraordinaria fue aprobada por unanimidad la actualización de los estatutos tras un breve debate en el que fueron expuestos algunos puntos de vista.
Pulsando en el siguiente enlace pueden acceder al resumen de ambas sesiones.

Economía/SocialINFORMES

PEDRO MARTÍN RUIZ

El autor, licenciado en Derecho y sociólogo por oposición, experto en cuestiones de ordenación del territorio con amplia experiencia profesional en Castilla y León, Andalucía y Extremadura, señala en este interesante trabajo que no se trata de crear una nueva estructura administrativa ni aumentar el número de empleados públicos, que ya son muchos, sino reorganizar los efectivos actuales y, en todo caso, consolidar los puestos de trabajo mediante oposiciones y concursos de mérito, eliminando la temporalidad excesiva del personal contratado e interino.

Economía/Social

La región necesita un Plan Estratégico Territorial y con la pandemia se abre una oportunidad para definir las claves del desarrollo futuro

JULIÁN MORA ALISEDA Doctor en Geografía por la UEx y doctor en Sociología por la Universidad Complutense de Madrid

SIEMPRE he venido señalando que Extremadura necesita un Plan Estratégico Territorial, pues es la herramienta clave para intervenir de forma racional sobre el mismo. Con la pandemia del coronavirus, además de una necesidad se abre una oportunidad para definir las claves del desarrollo futuro, ya que nunca hemos tenido unas directrices y propuestas adaptadas en el pasado y ello explica todo el atraso que padecemos en cualquiera de los indicadores sociales y económicos, más propios de otros continentes que de la Unión Europea en la que nos insertamos.

La ordenación del territorio, en su acepción más generalizada, se define como una técnica para delimitar los espacios geográficos según sus aptitudes para soportar con el menor impacto los diferentes usos del suelo, compatibilizando desarrollo socioeconómico y preservación ambiental.

En ese sentido, la elaboración de un Plan Estratégico para abordar el escenario poscovid, debería convertirse en un instrumento valiosísimo para vertebrar las políticas internas de la comunidad extremeña con las específicamente sectoriales (transportes, comunicaciones, hídricas, ambientales, etc.), que afectan de forma directa o indirecta al territorio, entendido este como el espacio donde se plasman no sólo los factores fisiográficos y naturales (geomorfología, geología, clima, hidrografía, vegetación y fauna) sino también los antrópicos (sistemas de poblamiento, usos del suelo, red de infraestructuras y equipamientos, estructura socio-económica, identidad cultural y el marco político-institucional).

Cualquier legislación territorial, económica o urbanística actualmente en funcionamiento o en curso de aprobación se ha quedado obsoleta (si es que ya no estaban totalmente desajustadas a la realidad de su momento al ser copias casi literales de otras comunidades sin similitudes con Extremadura, lo que viene a ser como recetar el mismo médicamente al hipertenso que al diabético) por mor de las circunstancias adversas que atravesamos. Consiguientemente, tenemos que afrontar un escenario totalmente nuevo en el que encontrar, tras tantos intentos fallidos desde que somos comunidad autónoma, nuevas oportunidades a través de la explotación racional de nuestras ventajas comparativas en la inmensa dotación de recursos naturales (hídricos, agrarios, geológicos, mosaicos geográficos, etc.) para transformar y generar cadenas de valor.

Para ello, tenemos que servirnos de las lecciones aprendidas de las malas praxis para evitar situaciones kafkianas como Isla de Valdecañas, que casi nos cuesta un disgusto económico semejante dislate, además de una inseguridad jurídica para el futuro.

Sin mencionar los enrevesados y demorados planes urbanísticos aprobados, sustento para la implantación de actividades económicas, que se redactaron con limitaciones a la expansión de suelos urbanizables (como si en Extremadura tuviésemos un problema de crecimiento demográfico o de demanda exagerada de instalaciones industriales o residenciales), trasplantados desde mentalidades urbanas a nuestro «rural profundo». Todo ello, unido a cuestiones de fiscalidad más elevada, burocracia excesiva y exasperante, que hacen desistir a cualquiera con iniciativa emprendedora, explica la dinámica regresiva de nuestra región en todas las variables oficiales al uso.

Este despropósito planificador conllevó, a pesar de nuestras reiteradas advertencias públicas, a delimitar y clasificar zonas ambientalmente protegidas que no reunían los criterios científicos para tal caracterización y que están suponiendo una ‘camisa de fuerza’ que inmoviliza nuestra imperiosa necesidad de desarrollo regional.

Se ha verificado en las últimas décadas que los tradicionales documentos aprobados a modo de panacea, ya sean los de la Economía Verde y Circular 2030 (suena irónico ese título en Extremadura, donde abundan los espacios boscosos y la circulación demográfica es la emigración y la regresión poblacional) o las Agendas de Reactivación o los enésimos Planes de Empleo, sólo están sirviendo para acentuar la debilidad estructural y contribuyendo a afianzar el dramático futuro que se cierne sobre nuestra comunidad autónoma.

Sé que no es políticamente correcto lo que vengo señalando desde hace muchísimo tiempo, pero las estadísticas son tozudas y acaban aliándose con las proyecciones que realizamos. Por tanto, para evitar que Extremadura mantenga esta tendencia al suicidio colectivo, tengamos el coraje de cambiar radicalmente el rumbo como ya dije hace unos meses en la Real Sociedad Económica Amigos del País, máxime ahora que las circunstancias nos impelen a ello. Mejor mudar de tratamiento cuando todavía nos quedan algunas fuerzas que continuar con esas medidas de efecto placebo hasta quedar exangües.

En definitiva, repetir lo mismo de siempre nos mantiene sedados en la pobreza e instalados en la consiguiente fuga de capital humano joven (lo más preciado que tenemos en el presente para el futuro). Y ello nos ha situado al borde del abismo como región, hasta el punto que si no quebramos las lúgubres tendencias desapareceremos del mismo modo que las especies faunísticas amenazadas de extinción: por desaparición de su hábitat o por su incapacidad reproductiva. Ambos escenarios están presentes en Extremadura: un territorio sin explotar racionalmente (inhabitable), con una sangría migratoria que impide el relevo generacional y nos retrotraerá al siglo XIX.

Desde la universidad seguimos estando disponibles para colaborar con los poderes públicos, puesto que también somos administración y hemos asumido un compromiso desde el conocimiento para la transformación de las estructuras socioculturales y económicas de esta tierra tan extremamente necesitada de una estrategia territorial.

Economía/Social

Proponemos la creación en cada comunidad de una fundación asistencial que afronte todo el gasto sanitario que generen las personas extranjeras no registradas ni autorizadas como residentes en España

JOSÉ JEREZ IGLESIAS. Economista y doctor en Derecho.

La cuestión de la asistencia sanitaria a las personas extranjeras, conocidas como los ‘sin papeles’, es de una trascendencia humanitaria vital, pero controvertida por el coste económico que tiene para nuestra economía. El Real Decreto Ley 16/2012 redujo la asistencia a los casos de urgencias y accidentes, embarazo, parto y postparto, y en el caso de los menores de 18 años, toda la asistencia. Posteriormente, el Real Decreto Ley 7/2018 ha modificado esa situación y ha dispuesto que a esas personas se les preste la atención sanitaria en las mismas condiciones que a las personas con nacionalidad española.

Parece evidente que lo dispuesto en el Real Decreto-ley 7/2018, de 27 de julio, es una medida que desde un punto de vista subjetivo, del ser humano, aporta una solución práctica, pero de poco recorrido a largo plazo a mi parecer, porque no se abordan objetivamente los intereses en juego y los efectos a futuro de todas las decisiones que se adoptan, así como hacerlo compatible con la más que dudosa sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud. Alternativamente proponemos la creación en cada comunidad autónoma de una Fundación Asistencial Sanitaria con el objeto de financiar todo el gasto sanitario en que se pueda incurrir por la atención que reciban las personas extranjeras no registradas ni autorizadas como residentes en España, todo ello en los términos que en este trabajo se describen. El ámbito de la Fundación que proponemos debe limitarse al de su propio territorio autonómico.

La Constitución Española, en su artículo 34, reconoce el derecho de fundación para fines de interés general, con arreglo a la ley. Según la Ley 50/2002, de 20 de diciembre, de Fundaciones, que regula el derecho fundacional reconocido en la Constitución española, una fundación es una organización constituida sin fin de lucro, que tiene afectado de modo duradero su patrimonio para la realización de fines de interés general.

Será beneficiario de la asistencia sanitaria en la Fundación toda aquella persona que se encuentre en territorio nacional, en la cual se den estas dos condiciones: a) No tenga derecho a obtener la condición de asegurado en el Sistema Nacional de Salud, y b) No tenga patrimonio propio y/o rentas de cualquier naturaleza, dentro o fuera del territorio nacional, superior a los límites que en cada momento se determine.

Tendrán derecho a que se les expida una tarjeta de asistencia sanitaria específica de la fundación, a título individual para los mayores de edad, e incluidos a los menores con cada uno de sus progenitores. La tarjeta será expedida por la Fundación previa solicitud realizada por cualquiera de los órganos de la administración central, autonómica o local, o entidades asistenciales sin fines lucrativos, como Cruz Roja, Cáritas, etc, relacionados con los colectivos excluidos del derecho, todo ello en los términos y con la documentación que se establezca, siempre que se ajuste a la normativa y criterio de la Fundación.

La tarjeta que se emita deberá determinar lo siguiente: el ámbito territorial limitado a la comunidad que la emite, temporal, asistencial y de centros. Cada centro que preste sus servicios factura los mismos a la fundación, quien se hará cargo de su pago. Cada fundación debe constituirse bajo la protección de dos fundadores, por un lado la comunidad autónoma correspondiente, y de otro la Administración central, por medio de los órganos que cada parte designe. Estos dos fundadores serán los garantes de la financiación de la fundación y por tanto de aportar los recursos económicos de la dotación inicial, así como los que requiera la financiación neta de su actividad, hasta equilibrar anualmente la financiación de sus gastos. Entre las fuentes externas de financiación de la fundación se potencia la aportación financiera de los benefactores, entre los que distinguimos:

1) Benefactores vinculados con el sector sanitario. Serían aquellos que, por su actividad profesional o empresarial, están más relacionados con el sector sanitario, por ejemplo, laboratorios farmacéuticos, empresas de servicios sanitarios, tecnología y equipamiento sanitario, constructoras, suministradores, etc.

Este tipo de benefactores, si lo consideran conveniente, firmarán un acuerdo de financiación como benefactor de la fundación mediante el cual se comprometen a donar a la fundación un porcentaje del importe de cada concurso público que le adjudique la administración autonómica (a determinar, por ejemplo un 0,10%, 0,20%, 0,30%, etc, del valor de adjudicación) el cual sería considerado como puntuable para concursos públicos de adjudicación de bienes o servicios.

2) Benefactores no vinculados con el sector sanitario. En este bloque de benefactores pueden encuadrarse todas aquellas personas físicas o jurídicas (asociaciones, fundaciones, empresas, etc), que se sienten solidarios y desean cooperar con fondos propios, cuyos donativos gozarán de todos los beneficios fiscales y exenciones que correspondan. Caso Amancio Ortega (Zara, Inditex).

Con la implantación en cada comunidad autónoma de una Fundación Sanitaria Asistencial de estas características, se obtendrían las siguientes ventajas: a) Prestar la asistencia sanitaria, controlarla, y que su coste no lo soporte el centro sanitario público que realiza la prestación. b) Saber el número de beneficiarios y el coste anual incurrido con la prestación sanitaria. Y c) Sufragar el gasto incurrido entre los benefactores sociales, hasta donde alcance, y el resto financiarlo al 50%, entre cada comunidad autónoma y la Administración central del Estado.
(Artículo publicado en el diario HOY el 6 de agosto de 2020)

Economía/Social

Las claves de la propuesta están en gestionar todos los centros basándose en la calidad y en los resultados que ellos sean capaces de conseguir con su buena gestión, porque los asegurados tendrán libertad de elección en todo el país


JOSÉ JEREZ IGLESIAS Economista y doctor en Derecho. Miembro del Club Senior de Extremadura

En la disposición adicional decimonovena de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, se regulan los conciertos para la prestación de asistencia sanitaria celebrados por la Mutualidad de General de Funcionarios Civiles del Estado (Muface), la Mutualidad General Judicial (Mugeju) y el Instituto Social de las Fuerza Armadas (Isfas).
Para la protección de un colectivo de alrededor de un millón y medio de personas, Muface, Isfas y Mugeju gestionan un importante conjunto de prestaciones, entre otras, la asistencia sanitaria, incluyendo la farmacéutica, en su calidad de gestoras del Régimen Especial de la Seguridad Social de los funcionarios civiles del estado, los miembros de las fuerzas armadas y los de la judicatura. Esta asistencia se le puede proporcionar a elección del mutualista, bien en el sistema sanitario público o a través de los medios de las entidades de seguro libre que hayan concertado con la Mutualidad dicha asistencia. El sistema sanitario público es elegido ahora por un 20% de mutualistas, optando el 80% por el seguro libre.

El sistema no está exento de problemas, pero todos están interesados en mantener el modelo actual, en el que el funcionario asegurado puede elegir libremente la asistencia, cuya representación la ejercen a través del sindicato de funcionarios CSI-F. Al parecer el ‘problema’ es que el Ministerio del que sale directamente la partida para pagar el convenio con las aseguradoras es Hacienda, que no es el mismo que el que recoge los frutos por el mismo, Sanidad y las comunidades autónomas, que ven cómo se ahorran recursos. Sin embargo, las cuentas globales sobre el ahorro parecen claras: El gasto medio en sanidad pública para el Estado, por cada ciudadano, se situaba en 2016, en 2.058 euros/año (Informe Nacional de Salud 2016, p. 261), en tanto que en Muface era de 1.463 euros/año (Diario El Mundo, 28-12-17, p.12, ‘Muface y las aseguradoras renuevan el concierto por 2.161 millones y dará cobertura a 1.477.320 beneficiarios’). Lo que sí parece evidente es que si desapareciera el modelo Muface y lo absorbiera el sistema público es posible que este pudiera colapsar y las listas de espera actuales se incrementarían de forma insoportable para los ciudadanos.

Veamos otras alternativas posibles y deseables. El Estado, en virtud de lo establecido en el artículo 149.1.16 de la Constitución Española, goza de las facultades de establecer los principios y criterios sustantivos que permitan conferir al sistema sanitario las características generales y comunes que sean fundamento de los servicios sanitarios en todo el territorio del Estado.
En base a ello realizamos esta propuesta (1), común para todos los ciudadanos, que se caracteriza por separar la financiación de la provisión de las prestaciones sanitarias. La financiación debería revertirse desde las autonomías al Estado para incluirlas en los Presupuestos Generales del Estado, de forma que desde el Sistema Nacional de Salud se financiaría las prestaciones sanitarias realizadas por una red de centros públicos y privados concertados. El precio a pagar por la prestación sería fijado dentro de un Baremo de Precios Nacional. Cada centro, público o privado, realizará un presupuesto anual de Ingresos, Gastos y Resultados, debiendo tener autonomía absoluta de gestión, respondiendo de la misma ante sus titulares que en el caso de los centros públicos serán por lo general las comunidades autónomas. El resultado económico anual de cada centro público (positivo o negativo) correspondería al titular del mismo.
Con el sistema que proponemos a cada asegurado se le hace entrega de una tarjeta digitalizada con la que tendrá acceso a los distintos servicios en toda la red nacional de centros concertados públicos y privados, donde será atendido y estos repercutirán su prestación al Sistema Nacional de Salud. La elección de centros para el asegurado es libre, en cada nivel, si bien pasar de nivel tendría que ser prescrito por un médico del nivel anterior.

Las ventajas del modelo propuesto, abreviadamente podemos resumirlos en los siguientes:

1. Garantiza la igualdad de los españoles.

2. Asigna equitativamente los recursos públicos.

3. Garantiza la sostenibilidad del SNS.

4. Mejora la financiación autonómica.

5. Facilita la integración Muface, Mugeju é Isfas.

6. Desaparecen las listas de espera.

7. Facilita renovar la tecnología sanitaria.

8. Aumenta la satisfacción y responsabilidad de los asegurados.

9. Aumenta la calidad asistencial por el efecto competencia.

Las claves de este planteamiento están en gestionar todos los centros concertados, públicos y privados, basándose en la calidad y en los resultados que ellos mismos sean capaces de conseguir con su buena gestión de atención a los pacientes, ingresos y gastos, porque los asegurados tendrán la libertad de elección de centros en todo el territorio nacional. Hay que resaltar que esta solución sería como agua de mayo para las autonomías, que podrían aumentar sus ingresos netos si la gestión es buena o dar pérdidas si la gestión no es tan buena. Es decir el resultado anual de cada centro público (positivo o negativo) corresponde al titular del mismo, quien deberá determinar en su normativa propia el destino que deba darle. Se trata de pasar de gestionar presupuestos a gestionar resultados. Y de saber elegir al equipo directivo. Nada más.

(1) Las personas interesadas en conocer esta propuesta pueden acceder a la tesis doctoral del autor de este artículo en: http://e-spacio.uned.es/fez/
(Artículo publicado en HOY el 2 de julio de 2020)

Regionalismo

La generosidad individual es uno de los principales ingredientes de la felicidad. De la pandemia debiera surgir un cambio cambio en la sociedad y se de más valor a los componentes de la felicidad individual y colectiva que a la acumulación de dinero.

DIEGO HIDALGO SCHNUR Patrono fundador de Fundación Maimona y filántropo.

EN 1999 supe de los planes del grupo Prisa para salir a Bolsa. Yo había cofundado Prisa en 1971 con José Ortega Spottorno y un grupo de amigos preocupados por el futuro político de España para crear un medio independiente, El País, que facilitara la transición de la dictadura a la democracia, y era en aquel momento el segundo accionista de la sociedad. Y por lo tanto, sabía que en 2000, al vender un 22% de mis acciones, iba a ‘ser rico’ por segunda vez en mi vida.

Ya lo había sido 30 años antes, al fallecer mi madre, tuve acceso a una importante herencia, que dediqué en su casi totalidad a crear Frida, una institución con la misión de promover el desarrollo económico y social de los países más pequeños y pobres de África. Yo tenía entonces 27 años. Por lo tanto ahora de nuevo, a mis 57, se me presentaba una segunda ocasión de ser filántropo. Decidí entonces que, desde mi humilde posición, en vez de tratar de cambiar el mundo de abajo arriba intentar mejorar el mundo de arriba abajo gracias a mi mayor experiencia, madurez y haber mantenido un estrecha amistad con personajes de gran poder e influencia (Bill Clinton, Mikhail Gorbachov, don Juan Carlos I, el presidente Cardoso de Brasil y los grandes intelectuales de la Universidad de Harvard en la que llevaba cinco años).PUBLICIDADjavascript:false Powered by WeMass

A partir de 1999 fui creando una serie de fundaciones para combatir la pobreza, fomentar la democracia, resolver conflictos y mejorar la gobernanza global. La excepción que me llevó a idear la Fundación Maimona fue motivada por dos grandes fuerzas: mi amor por el pueblo de mi padre y de mis antepasados, y la idea de crear un modelo para mejorar la vida social, cultural y económica de un pueblo en declive de población creando una institución sostenible que revirtiera las tendencias negativas de décadas. De tener éxito, la Fundación podría servir como modelo para frenar la despoblación de la España rural.

A diferencia de mis otras fundaciones a cuyos gastos iniciales atendí hasta que llegaron a ser sostenibles, decidí dotar a la Fundación de un capital que, bien administrado, garantizara su vida durante dos o tres décadas. Llamé entonces a José Luis Mombrú, el CEO de Frida, para que viniera a Los Santos con un equipo para preevaluar proyectos que el pueblo necesitaba, incluyendo un préstamo al Ayuntamiento para permitirle comprar terrenos para construir un parque industrial, doblar la capacidad de la residencia de mayores, reparar los instrumentos de la Escuela de Música, ayudar a la Cooperativa para incrementar la comercialización propia, etc…

Y tras ese informe completo y fiable, me reuní con Cipriano Tinoco y Santi Poves, nuestros dos inolvidables presidentes, y con Antonio Zapata, José María Cerón y un incipiente Patronato. Tras largas conversaciones quedó muy claro que la Fundación no debía llevar mi nombre y debía promover proyectos viables y sostenibles que aportaran valor añadido a Los Santos.

La cuestión previa y fundamental era seleccionar a un director general que tuviera una serie de requisitos, que a mí me parecían imposibles de reunir: un título superior en administración de empresas, conocimiento de inglés, experiencia empresarial, haber trabajado en instituciones europeas y extremeñas de desarrollo… y que quisiera vivir en Los Santos o en su entorno. Milagrosamente encontramos a Alejandro Hernández, que superaba todas nuestras expectativas, y como segunda, a Olga Galea. Ahora ayudado por Cristina e Inma. Nunca me canso de repetir que en esta época de mi vida he encontrado a algunos genios, dos de los cuales son Alejandro y Cristina Manzano, mi sucesora y miembro del Consejo Social de la Fundación Maimona

Desarrollo en estos veinte años

Mi protagonismo en estos veinte años ha sido escaso y secundario. Yo, en todo caso, he sido un espectador de la evolución de la FM. He observado nuestra difícil superación de la crisis de 2008-2014, y gracias a haber sobrevivido milagrosamente al coronavirus, espero seguir siéndolo durante muchos años más. Todo el crédito debe ir a nuestros inolvidables cofundadores, y a Alejandro y su equipo.

Mi única reflexión sobre nuestras carencias ha sido la comunicación. Gracias a ti, Lucio Poves y a HOY Los Santos, el conocimiento de los santeños sobre su fundación ha mejorado. Por ello te estoy infinitamente agradecido. Espero que la Fundación y sus proyectos sean cada vez más conocida por el pueblo. Es curioso que la Fundación sea más conocida en el mundo que en el propio Los Santos, en parte porque yo la menciono y explico en todas mis conferencias y foros internacionales en los que intervengo

Objetivos en el futuro

Yo veo tres grandes y diferentes metas. En primer lugar, espero que cuando se celebre el 25 aniversario de la creación de la Fundación Maimona todo el pueblo sea consciente de que la Fundación ha mejorado significativamente las vidas de los Santeños en el ámbito económico, social y laboral ayudando a construir una comunidad más próspera y feliz, y que se visualice lo que hubiera ocurrido de no haber existido.

En segundo lugar, quisiera que la Fundación se convierta en ejemplo y en un modelo para que otros pueblos en Extremadura y en España aprendan a frenar su despoblación y aportarles ideas para conseguirlo a partir de experiencias de la Fundación Maimona. Que podamos demostrar cómo un pueblo históricamente en declive demográfico puede encontrar caminos creativos para potenciar sus activos y añadir nuevos proyectos que impliquen a toda su población.

La tercera meta es que en el futuro continúen las iniciativas que impliquen a todas las instituciones y asociaciones en Los Santos en objetivos comunes que añadan riqueza económica y social. Implicar sobre todo a los jóvenes para evitar que se vayan, o conseguir que vuelvan. Comunicar con la población para aumentar su orgullo de ser santeños y no solo de pertenecer a la comunidad sino de estar contribuyendo todos y cada uno a mejorarla. Mantener informada a la diáspora de Los Santos para que contribuyan, inviertan, participen y eventualmente se trasladen al pueblo.

En resumen, que la Fundación siga siendo considerada como un motor dinámico de mejora de la calidad de vida de una comunidad que implica a actuar constructivamente a su población y que constituye un ejemplo replicable en otros lugares y por lo tanto merecedor de visitas y estudio.

A pesar de que mi nombre no figure en la FM, creo que hay mucha gente que considera que no necesitamos aportaciones porque Diego Hidalgo Schnur está detrás. Yo quisiera que se sepa que pese a rumores y bulos yo decidí desde muy joven no acumular dinero, y que en este 2020 el 99,5% de mi patrimonio ha desaparecido, parte porque mis acciones en PRISA que valían 20.80 euros en 2000 y €17 en 2007, ahora cotizan a céntimo y medio, y parte porque mi objetivo en la vida ha sido mejorar el mundo y no atesorar riqueza.

Es posible que este 2020 y la pandemia, que yo milagrosamente he superado, cambien la sociedad y se dé más valor a los componentes de la felicidad individual y colectiva que a la acumulación de dinero. La generosidad individual es uno de los principales ingredientes de la felicidad. Recabar participación personal y aportación de fondos para una institución ha sido difícil pese a que este patrono fundador no solo ha predicado con el ejemplo sino que además ha evitado protagonismo. La Fundación debe elaborar un plan de proyectos posibles y una estrategia de movilización de contribuyentes institucionales y privados que permita el logro de sus objetivos y la prolongación de su propia vida en el futuro.

(Artículo publicado en HOY el domingo 21 de junio de 2020)