Pedro Martin Ruiz. Club Senior Extremadura

Consideraciones Generales.

El paro en Extremadura tiene un fuerte componente de carácter estructural, ya que no hay un modelo productivo eficiente basado en la industria, en especial, la manufacturera, o en servicios avanzados como los relacionados con las finanzas, seguros o tecnológicos. La economía regional es muy dependiente del sector agrario, de la construcción o del turismo que son sectores de poco valor añadido.

Más del 72% del empleo se encuentra en el sector servicio, en especial, comercio minorista, hostelería y  Administración pública o en la agricultura, actividades, excepto la Administración, muy dependientes de la economía en  general y de la climatología, con las incertidumbre de las producciones y bajos precios que, junto a la caída de la construcción, han determinado la desaceleración de la actividad, muy acusada en el último trimestre de  2019 en Extremadura.

En consecuencia, todas las características negativas referentes al mercado laboral que se dan en España que, por cierto, ocupa el primer lugar en la Unión Europea, después de Grecia, están presentes y  se acentúan en nuestro caso, pues tenemos la mayor tasa de paro nacional y de las mayores entre las regiones de la U.E.

Esta situación, de alguna manera explosiva, se ve amortiguada por parte de la Administración, mediante el establecimiento de numerosas subvenciones, subsidios y pequeñas ayudas de todo tipo y para toda clase de situaciones, en cuyo aspecto también destacamos, ya que gastamos un 64% del presupuesto en políticas sociales, en especial, sanidad, educación, servicios sociales y dependencia y sin mucho éxito. Dichas medidas, además de la burocracia e, incluso, fraude que genera, lejos de resolver el problema lo que produce, sobre todo, en los pequeños municipios y en términos generales, cierto conformismo, falta de iniciativas y poco esfuerzo en la búsqueda de trabajo en las personas que se quedan a vivir en el medio rural.

Otras personas, la mayoría jóvenes preparados, ante la falta de oportunidades y perspectivas familiares optan por marcharse fuera de la región. También es cierto que todas esas ayudas laborales o sociales han contribuido a la convivencia y paz social y al anclaje de parte de la población en sus propios municipios, ralentizando, al menos, el vaciamiento del territorio. El año 2008 es nuestro punto de referencia porque marca el principio de la crisis, con la fuerte caída de la construcción y el resto de los sectores, hasta mediados el 2013, cuando se inicia cierta inflexión  y se empieza a crear empleo, aunque de carácter muy precario, temporal, con bajos salarios y en actividades poco productivas. Estos últimos siete años de mejoras no han servido, por lo que se refiere a Extremadura, para acercarnos a  la media  del PIB  e, incluso, seguimos alejándonos de la convergencia con España, ahora en el 70%, y con  muy poco más de la mitad de “renta per cápita” que Madrid o País Vasco. Como veremos más adelante, para cambiar la situación y crear empleo de calidad hace falta otro modelo de desarrollo con más formación, más industria y más tecnología.

Personas ocupadas por sectores.

CUADRO Nº1: En miles, según la EPA

AÑOS2008%2018%
S. Agrario44.51151.613.5
S. Industrial46.31133.28.8
S. Construcción55.91421.75.7
S. Servicios263.764272.572
Total410.4 378.9 
Fuente: Consejería de Empleo de Extremadura. Elaboración propia.        

Breve comentario.-

En 2008, en números redondos, la población total era de 1.098.000 habitantes, la población activa de 483.000, el número de parados  87.000, la tasa de paro del 18%  y la tasa de actividad del 53%. Según la encuesta de población activa (EPA)

-La población total en 2018 es de 1.072.000 por lo que disminuye en unas 26.000 personas el censo de habitantes de Extremadura, y baja algo más  el número de ocupados, aunque se produce un aumento de los activos por una mayor incorporación de la mujer en el mercado laboral. El número de parados es de 117.300, la tasa de paro 23.6 y la tasa de actividad 55.3

– Llama la atención en 2018 el aumento de ocupados en el sector agrario, lo que se explica, en parte, porque recoge empleos del sector de la construcción y porque sirve de refugio para los que no tienen una actividad definida y así cobrar el subsidio agrario, lo cual sucede con mujeres y demás personal que apenas han trabajado alguna vez en el campo. No obstante, el 13.5% de población en el sector agrario es una anomalía, pues la media de España no llega al 5% y  en otros países más avanzados, como Francia no llega al 3% Este exceso debería encauzarse hacia la industria, en especial, a la industria agroalimentaria y energética.

– La bajada de 13.000 empleos en el sector industrial es muy negativa, pues son los de mejor calidad y de mayor valor añadido. El 8.8%  está lejos de la media española, que también es baja del orden del 14%. Los últimos datos que se conocen suponen una leve mejoría, gracias a la instalación de numerosas plataformas solares y al autoconsumo eléctrico.

– La participación del sector servicios está algo por debajo de la media española, con el agravante de que la gran mayoría de los activos se ocupan en el comercio, hostelería y, sobre todo, en la Administración Pública, actividades de poco valor añadido.

Registro de paro por sectores.

Cuadro nº 2: Número de parados por sectores.

AÑOS20072019
S. Agrario3.85310.976
S.Industrial6.2316.093
S. Construcción9.9299.065
S. Servicios44.12969.743
S.E.A.12.0605.218
TOTAL76.202101.095
Fuente: INEM.  Ministerio de Trabajo.

Breve comentario

Según los datos del Ministerio de Trabajo en el año 2019 existen 448 parados menos que el año anterior. El 40% de los parados son hombres y el 60% mujeres que corresponde a  65.644 a Badajoz y 35.451 a Cáceres.

 -En 2019 el número de parados en el sector servicios  representa casi el 70% del total, que guarda cierta correspondencia con el número de ocupados. La mayoría son de baja cualificación o están estudiando pendientes de alguna convocatoria de empleo público o de una gran empresa.

-Respecto al sector agrario, sorprende el número de parados hasta tal punto que en el verano de 2019 había unos diez mil acogidos al subsidio agrario y los empresarios no encontraban trabajadores para recoger la fruta. Es evidente, que habiendo trabajo, dicha ayuda exige un mayor control y en algunos casos dejar de pagarla, aunque, también si es necesario, habrá que facilitar la movilidad comarcal y el alojamiento, en su caso, de los trabajadores que se tengan que trasladar.

-A nivel nacional, el paro registrado en 2019 disminuyó en 38.692 personas respecto al año anterior, y es la menor bajada de los últimos siete años de cierta mejoría, por lo que se refiere al empleo, aunque como hemos dicho muy precario.

Dada la fuerte caída de la renta agraria en España y, en general, la desaceleración de la economía, recogemos los datos de la EPA del IV trimestre de 2019 en Extremadura, porque creemos que reflejan bien la realidad. Son activos 497.800, ocupados 380.900 Parados 116.900, la Tasa de actividad 55.6%  y la Tasa de paro 23.4%. El hecho relevante es que, aunque solo se han destruido unos 200 empleos a lo largo del año, en el último trimestre de 2019 se perdieron 19.900, muy influenciado por la mala campaña agrícola, los bajos precios de los productos del campo, el alto coste de los insumos y la fuerte subida del salario mínimo.

Respecto a la EPA de 2.007, que es, junto con el año 2.006, nuestro mejor referente, vemos que Extremadura tiene 30.900 empleos menos,  en la misma línea que España que ha perdido en estos doce años 751.000 empleos. Se preveía que en 2.021 España recuperase las cifras de 2.007 con 20.500.000 ocupados, pero ahora, dadas las circunstancias, resulta imposible.

Algunas características del mercado laboral.

La reforma laboral de 2012 que ya ha empezado a modificarse, facilitó a las empresas los despidos, sobre todo, los de mayor nómina, gente mayor y de baja productividad. Muchos de los puestos de trabajo se transformaron en empleos temporales  y otros de menor salario, creándose una nueva “clase social” llamada la de los trabajadores pobres. En general, benefició a las empresas y, de alguna manera, contribuyó a una mejora de la economía nacional.

La temporalidad, en muchas ocasiones, es el resultado de un puesto fijo para actividades permanentes y estructurales, del que se hacen seis o siete rotatorios, de modo que el trabajador acumula numerosos contratos a lo largo del año. Esto constituye una característica del mercado laboral español, que como suele suceder se agrava en nuestra región, aunque de otra forma, en relación con las labores del campo y, sobre todo,  por la recogida de la fruta que mueve más de 5 millones de peonadas, durante unos cuatro meses al año.

Para hacernos una idea, en España en 2019 se realizaron 22 millones y medio de contratos, de los que solo el 9.6% son indefinidos y de estos solo el 60% a tiempo completo. En Extremadura se hacen unos 45.000 contratos de media al mes  de los que menos del 5% son indefinidos.

Ésta acusada temporalidad sucede, también, en la hostelería, comercio y en la Administración Pública, en especial, en la rama docente y sanitaria,  ya sea con jornadas parciales no deseadas, sustituciones por bajas o por el abuso de la contratación por horas, que se ha intentado paliar con el registro de control de jornadas. En definitiva, supone una infrautilización de la fuerza de trabajo, que junto a los salarios, los más bajos de España, determinan la precariedad  del empleo.

La subida del salario mínimo en 2019 del 22.3% y la del 5.5% de este año,  que queda establecida en 950 euros, ha significado un fuerte impacto, por lo que hubiera sido preferible un 30%, en mi opinión, pero en tres años de forma proporcional. Casi la mitad de los asalariados extremeños del sector privado cobraba menos de 900 euros y en el campo afectó a unos 40.000 a tiempo completo, a los que se añaden unos 30.000 a tiempo parcial y eventuales.

Además de su incidencia en la hostelería y el servicio doméstico, en el sector agrario ha sido la gota que ha colmado el vaso del descontento por los bajos precios, los aranceles USA., el veto ruso a la fruta y  la amenaza de la bajada de la PAC, entre otras circunstancias, que conducen a la falta de rentabilidad de las explotaciones y a la bajada de los ingresos de los agricultores, como ya hemos comentado.

Todo ello ha enrarecido el mercado laboral con el aumento de la economía sumergida y fraude, así como la desaparición de pequeñas empresas y de empleo poco cualificado. A consecuencia de todo ello se produjeron manifestaciones y tractoradas en casi toda España, durante los meses de febrero y principio de marzo.

Además, en Extremadura se arrancaron cerca de tres mil hectáreas  de frutales y su reconversión hacia otros cultivos mecanizados, que necesitan menos mano de obra e,  incluso, parte de la producción se quedó sin recoger, pues según dicen los pequeños empresarios,  al precio que recibían por la fruta no podían pagar el salario mínimo. La situación no está clara y, por falta de acuerdo, en el mes de marzo de 2020 aún no se había firmado el convenio del campo, por lo que continúa prorrogado el anterior.

Es evidente que las relaciones laborales necesitan de ciertas modificaciones para evitar los abusos, tanto de los trabajadores como de los empresarios,  buscando cierto equilibrio y armonía en sus relaciones y, para ello, hace falta una Inspección Laboral mejor dotada y motivada.

En mi opinión, el paro se podría reducir, y esto vale para todos los sectores, si al salario mínimo, pongamos de 1.000 euros para 2.021, por parte del Estado se añadiese un complemento de unos 300-400 euros  con cargo a las prestaciones por desempleo,  que fueron en el pasado año de más de 19.000 millones de euros, con un gasto medio por beneficiario de unos 900 euros.

De este modo, estaríamos incentivando el trabajo y no protegiendo la falta de esfuerzo en la búsqueda de empleo. Otra medida sería eliminar los subsidios cuando se han rechazado varias  ofertas o es de dominio público que en la comarca se necesitan trabajadores. Por supuesto, puede haber otro 50 %  de parados que no pueda trabajar, a los que  no se les puede abandonar y recibirían una prestación y una formación, según las posibilidades de cada uno y la demanda del mercado.

En cuanto a los empresarios, deberían hacer un esfuerzo para pagar mejores  salarios, reducir la temporalidad, facilitar el teletrabajo, cotizar por todas las horas realizadas por el trabajador, así como comprometerse más con la  formación continuada de su personal y la seguridad e higiene en el trabajo, aunque es difícil conseguirlo si la Inspección no les controla mejor para que cumplan con sus obligaciones.

El futuro del empleo

Pensando en un futuro próximo se producirá, según algunos expertos, un fuerte cambio del mercado laboral. La transformación digital de las empresas supondrá una reducción de la mano de obra por la automatización de muchos de los procesos productivos, y  el empleo que quede será muy cualificado y competitivo. En este sentido, se habla de la industria 4.0, de la inteligencia artificial, de los usos de las tabletas, sensores,  robots y drones, de la impresión en 3D, de la economía de los datos, de la economía circular y sostenible, del comercio electrónico o del cambio climático. Todo ello en la línea con la Agenda de 2030 de la ONU.

Esto supone la desaparición de numerosos empleos rutinarios que harán las máquinas y la creación, también, de otros que ahora desconocemos. Quizás haya que repartir el trabajo y reducir el número de jornadas, seguramente a tres o cuatro días  a la semana y fomentar el teletrabajo, facilitando la conciliación familiar y un mayor bienestar. Parece ser que la previsible alta productividad lo hará posible, además de una renta básica para los que de verdad lo necesiten.

Así en el sector agrario, y dada la longevidad de su población activa y la necesaria reducción de costes que exige el mercado, se producirá una fuerte disminución. Muchos pequeños y medianos agricultores dejarán sus explotaciones que las venderán o las cederán en arrendamientos  o como aportación a grandes empresas y cooperativas por lo que se convertirán en  asalariados o accionistas de las mismas, lo cual no tiene porqué ser negativo, si se establecen y se regulan unas condiciones justas.

De esta manera, se conseguirá dimensionar de forma adecuada las explotaciones, lo que facilitará  la introducción de las nuevas tecnologías en las distintas fases del proceso productivo, desde la selección de semillas y cultivos, su control y seguimiento y la recogida de las productos, mediante la mecanización inteligente, sensores, drones, móviles y demás dispositivos, que, también, son aplicables a la ganadería y a la silvicultura.

Por tanto, si la población activa agraria está en el 13.5%, para  2030 no pasará del 6% y será un empleo de más calidad, con mejor formación, mejores salarios y menos temporalidad y, por supuesto, más productivo que el actual. La figura del jornalero profesional o del eventual de temporada, apenas tendrá presencia, pues para la recogida de las cosechas se acudirá a los parados, a las amas de casa, a los estudiantes y a los inmigrantes, a los que había que regularizar, en algunos casos o, al menos, concederles permisos para dicho trabajo. 

En el sector industrial, la carencia de grandes empresas, en estos momentos de recesión económica, después de la pandemia del Covid-19, nos evita tener que declarar numerosos cierres temporales que, en algunos casos,  serán definitivos. Por otra parte, nos permite partir casi de cero e incorporar la industria 4.0, que es la inteligencia artificial aplicada a la transformación digital de las empresas y el uso de toda clase de automatismos  y robótica en las distintas fases productivas.

En especial, esta incorporación tecnológica se producirá en la industria agroalimentaria que, también, debe integrase en grupos más grandes, en la industria energética, así como en la industria manufacturera, a partir de toda nuestra materia prima, y para la fabricación de productos de uso y consumo que hoy compramos a otras regiones por un importe de unos 5.600 millones de euros. En consecuencia, la población activa actual del 8.8%, sería deseable que fuese del orden del 12% y, así, acercarnos a la media nacional que para el 2030 podría ser del 16%.

Respecto a la construcción, creemos que en los próximos  cinco años tendrá un fuerte impulso por la política de obras públicas y privadas que se pondrán en marcha para intentar salir de la actual crisis y, después,  su población activa quedará estabilizada alrededor del 5%.

También en este subsector las nuevas tecnologías estarán muy presentes,  pues ya tenemos robots para demoliciones o para colocar estructuras en puentes y poner ladrillos, drones para la obtención de planos,  hacer proyectos o inspeccionar obras, así como otras muchas aplicaciones y nuevos materiales, algunos impresos en 3D. Además, cada vez será mayor la exigencia de eficacia energética, sostenibilidad, respecto al medio ambiente y al cambio climático. Por todo ello, los puestos de trabajo en la construcción serán más cualificados y mejor pagados que en la actualidad.

En el sector servicio hay una tendencia generalizada a la terciarización de la actividad económica,  que no nos puede ser ajena. Si hoy la población activa  es del 72% pasaría al 77%. En primer lugar, la educación, sanidad y servicios sociales o dependencia deberán considerarse como objetivos prioritarios a potenciar, ya que son básicos para el bienestar de todos los ciudadanos y un buen nicho para la creación de empleos.

Otros servicios con buen futuro son los de carácter transversal, como los de consultoría, analistas, gestoría y asesorías a toda clase empresas, particulares e instituciones, sobre todo en aspectos tecnológicos, financieros o jurídicos- administrativos. Tampoco podemos olvidar el subsector del turismo de calidad con muchas posibilidades de desarrollo, en especial, en la provincia de Cáceres.

 Por otra parte, y dentro del sector servicios, dada la extensión territorial y la dispersión de la población, sería conveniente una mayor descentralización de las competencias y medios  de la Junta de Extremadura y de las Diputaciones, en favor de las siete áreas urbanas que, como ya he publicado en otras ocasiones, son las de las tres capitales de la región, más las áreas de Plasencia, Don Benito-Villanueva, Zafra-Los Santos y Navalmoral –Talayuela

El desarrollo de estas áreas es fundamental para poner en valor su importancia y protagonismo, como grandes cabeceras de comarcas que prestarían la mayor parte de los servicios a la población de su zona de influencia, con mayor calidad y menor coste que el actual. Así lo exige una ordenación equilibrada del territorio y como instrumento de lucha y contención ante el desafío demográfico.

FORMACION.

Constituye una de nuestras grandes debilidades, siendo la mejor forma de conseguir bienestar y progreso personal, porque puede reducir el principal problema que tenemos, que es el paro o, lo que es lo mismo, la necesidad de  crear empleos dignos. Es lo que se ha llamado el  ascensor de las clases sociales y motor de cambio, siempre que el sistema educativo haga posible el desarrollo de capital humano.

Un buen indicador de nuestra situación es la tasa de abandono escolar de jóvenes entre 18-24 años que, como máximo, han obtenido la ESO y no han seguido el bachiller superior o el grado medio de formación profesional. Esta es del orden del 21% frente al 17% en España y el 10% en la U.E., y cuyo colectivo de jóvenes forma parte del numeroso grupo de los “nini”  (Ni estudia ni trabaja).

Esto, también, se relaciona con la tasa de paro juvenil que es del 46,3 en Extremadura, la mayor de España, para los cuales la Formación Profesional de 1º y 2º grado debería sería una prioridad por parte de la Administración Autonómica, para que todo joven tenga como mínimo el bachiller superior o/y un oficio, en relación con la demanda de empleo en la región. Lo mismo cabe decir para el conjunto de los parados registrados, unos 115.000 en la actualidad según la (EPA).

A pesar de este enorme paro en la región, se produce una fuerte brecha entre la formación de los trabajadores y lo que demandan las empresas. Es sabido que faltan especialistas en todos los sectores, desde la construcción hasta en la agricultura,  turismo, energías renovables, industrias agroalimentarias o tecnologías digitales básicas, sobre todo, en la escala de mandos intermedios. En este sentido vemos que la fuerza laboral se encuentra polarizada y se distribuye en un 40% de alta cualificación, un 36% de mínima cualificación y solo un 24 tiene estudios medios. Faltan, pues, trabajadores de cualificación media, cuyas vacantes las acaban ocupando los de alta, lo que supone una infrautilización de recursos humanos.

En Suiza, que es un modelo en formación profesional y en relaciones laborales, elige dicha opción un 70% de los estudiantes para más de 250 títulos, en estrecha relación con las empresas, con lo cual el desempleo juvenil es mínimo.

En España se decantan por la formación profesional un 37%, cuando la media de la Unión Europea es del 48% y, aunque, es cierto que va en aumento, hay que mejorar mucho la calidad, con buen profesorado que ofrezca formación dual y bilingüe, que fomente la creatividad, las habilidades y la motivación. Además que oferte   más  y nuevos títulos, según la demanda de las empresas, como especialistas agrarios, gerentes de cooperativas, técnicos montadores de estructuras metálicas, en tecnologías aplicadas, logística, robótica o comercio exterior.

En cuanto a la Universidad, debería estar más implicada con el desarrollo regional  y procurar una educación de calidad, tanto humana como científica, basada en la cultura del esfuerzo y mérito, y más identificada con nuestra realidad. En la medida de lo posible, hay que evitar que a mayor formación mayor emigración, mediante un seguimiento y apoyo a los egresados para que no tengan que emigrar y si se van procurar que vuelvan, seguramente con mejores experiencias.

Formar buenos empresarios, clase dirigente y tecnólogos con responsabilidad  sería fundamental, más que  asalariados y posibles funcionarios, donde también somos los primeros de España con casi el 30% de la población ocupada, es decir, unos 100.000 empleados públicos. Da cierta pena observar, que para cualquier convocatoria de plazas para la Administración autonómica o empresas como Correos, la enorme cantidad de gente que se presenta, sobre todo, para las de escasa exigencia, a veces, cien opositores por cada plaza.

En definitiva, tenemos que crear capital humano y profesionales con mentalidad regionalista, convencidos de  que el desarrollo de Extremadura es posible y necesario, para lo cual la Administración debe dar toda clase de facilidades y establecer las condiciones para que ello sea una realidad.

La economía colapsa y el empleo entra en coma.

Nota aclaratoria: En la primera semana de marzo cuando pensaba enviar el presente artículo para su publicación, ocurrió lo que todos sabemos y decidí esperar. Los datos que se exponen, quizás demasiados, intentan reflejar todo lo sucedido en un mes, sobre todo, por lo que se refiere al empleo. 

A partir del 12 de marzo, dos días antes de declararse el estado de alarma en España, muchas empresas y actividades se paralizaron, debido a la pandemia de la enfermedad Covid-19. Para comparar, recogemos los datos del mes de febrero del paro registrado, que suman 105.246 personas, 613 más que en febrero del año anterior, de los que en Badajoz son 68.548 y en Cáceres 36.698. En el sector agrario hay 11.234, en la industria 6.215, en la construcción 8.334, en servicios 73.761 y sin empleo  5.702. 

En el mes de marzo de 2020 el número de parados aumentó en Extremadura, respecto a febrero, en 7.442, es decir un 7%, y en tasa interanual en 10.905, alcanzando un total de 112.688 desempleados. De ellos pertenecen a Badajoz 73.231 y a Cáceres 39.457 y más mujeres que hombres. Por sectores, el paro subió mucho en servicios con 3.474, en especial, hostelería y comercio, así como en la construcción que fueron 2.680. En la industria subió en 593, en la agricultura 521 y sin empleo en 174. La mayor parte eran trabajadores temporales.

 En cuanto a afiliados a la seguridad social en 2007 había 403.495 y hemos descendido a 383.337, incluidos los acogidos a los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) que ya hay reconocidos 8.200 personas y que no se consideran parados, porque se trata solo de una suspensión y siguen cotizando. Se espera que se añadan otros 10 o 15.000 trabajadores  en estos meses, por lo que teniendo en cuenta los nuevos parados, más los que no se incorporen al trabajo, se puede calcular en unos 360.000 el número de afiliados en el próximo verano.

En Extremadura, al haber  menos tejido industrial, sin grandes empresas, y mayor peso de la agricultura y la agroalimentación, que han quedado fuera del cese de actividades, esta sorpresiva, inédita y enorme crisis creo que se notará algo menos, aunque para muchos pequeños empresarios y autónomos les costará recuperarse y algunos tendrán que darse de baja. Las actividades que más tarde se incorporarán y que son las más perjudicadas son las relacionadas con el turismo, hostelería, comercio, ocio y deporte, así como la enseñanza y, por el contrario, se espera que los subsectores sanitario y la agroalimentación salgan robustecidos.

De todos modos, creo, que después unos cuatro años de recuperación  ni llegaremos a las mejores cifras de 2006-2007 de unos 75.000 parados, ni ahora en el peor de los casos  a las más altas de agosto de 2013 de 144.000, pero sí, tal vez, luego a unos 100.000 y ahora para el verano a unos 135.000 parados registrados.

En España el número de parados se incrementó en 302.365, un 9.3%, respecto al mes anterior, que hacen un total de 3.548.312 personas. La mayor caída ha sido entre los trabajadores temporales y en el sector servicios, como el turismo, hostelería y comercio y, también, la construcción, estando previsto cifras parecidas para los tres próximos meses.

La recuperación se espera que empiece a ver la luz  en el mes de septiembre, siempre que la Unión Europea cumpla con lo previsto,  pues parece ser que hay una especie de Plan Marshall europeo, sin problemas de liquidez en distintas líneas, ya sea a través del fondo de rescate (MEDE) o del Banco europeo de inversiones (BEI) y, como novedades, un sistema  de  protección al empleo o algo parecido a un  reaseguro europeo, y un nuevo fondo de recuperación común. Además, de los distintos planes con fuertes estímulos por parte de cada país.

No obstante, el gobierno español y otros muchos países prefieren  mutualizar el riesgo de la deuda y de la inversión, a través de los eurobonos o de cualquier otra forma, dado el estado actual de emergencia y como la mejor muestra de la solidaridad de la Unión Europea.

Por nuestra parte, se pretende volver a los Pactos de la Moncloa para elaborar un plan de reconstrucción de la economía nacional y, de momento, ya está en marcha una importante línea de avales a las empresas y autónomos. Otros expertos, menos optimistas o mejor informados, consideran que todo esto no es suficiente, pues el desafío al que nos enfrentamos es de tal magnitud, que solo con un acuerdo global  entre las grandes potencias del mundo, volveríamos a la situación anterior a la pandemia. Deben tener razón porque ya la Organización Mundial del Trabajo (O.I.T.) calcula, que el desplome del mercado laboral es tal, que se perderán unos 200 millones de empleos este trimestre.

También la recuperación dependerá de cómo evolucione la pandemia en los distintos países  y en nuestro caso, además los ERTE, al que se acogerán unos 4 millones de trabajadores, de los que a primeros de abril ya han sido reconocidos 620.000. Según se ha sabido hoy, a partir de la semana santa empezarán a volver a sus puestos de trabajo  unos dos millones de personas pertenecientes a la industria, construcción y otras pequeñas empresas que quedan liberadas del cese de actividad. De esta forma escalonada, se irán incorporando la mayoría de los trabajadores y los autónomos. Otros no podrán hacerlo y serán los que en mayor medida sufran la crisis.

En cuanto al número de afiliados a la seguridad social, al 31 de marzo, había 18.445.436,  y se calcula, si todo evoluciona según lo previsto, que para finales de junio, quizás no lleguemos a los  17.5 millones, muy lejos de los 20.500.000 personas de 2007, cifra mágica a la que el gobierno español, antes de la pandemia, confiaba llegar  en 2021 y ahora habrá que esperar unos cuatro o cinco años.

Perdonarme que repita este dato pero, en mi opinión, es muy importante porque el número de afiliados indica la cuantía de los que trabajan, cotizan para las pensiones y contribuyen a la riqueza nacional y, por tanto, es la mejor manera de reflejar la gravedad de la situación laboral, social y económica de España.

Si analizamos el periodo de 2008 a 2013, resulta que entre octubre y febrero de 2009, tras la quiebra de Lehman Brothers y la caída de la actividad económica,  se perdieron unos 900.000 empleos en esos cinco meses, cifra parecida a la que se ha perdido ahora solo en 20 días, desde el 12 de marzo al 31 del mismo mes. La anterior crisis duró unos seis años y la casi recuperación siete años. Tal vez, esta sea de unos cuatro meses por lo que se refiere al Covid-19  y la recuperación del impacto económico derivado de unos  cuatro años, aunque la deuda para entonces  seguirá estando muy alta.

Ahora estamos ante una situación excepcional, porque no se trata de que la economía o el sistema productivo mundial haya caído por sí misma, sino que ha caído por un grave problema sanitario, de aquí el título, algo impactante, de este epígrafe.

A nivel nacional, hay que señalar  que el mayor aumento del paro en un mes se produjo  en enero de 2.009 con 198.838, ahora, como hemos dicho, unos cien mil más. La mayor cifra de parados se alcanzó en febrero de 2.013 con algo más de 5 millones y, desde entonces, ha estado bajando hasta febrero de 2020 que alcanzó la cifra de 3.246.047, la más baja desde la anterior crisis. A partir de ahora, nos tememos llegar otra vez a los 5 Millones, aunque no por mucho tiempo, pues se espera que al final del año podríamos bajar a 4 millones, según la media de los distintos escenarios que se contemplan.

 Todas estas estimaciones que he expuestos tienen sus respectivos márgenes de error y ojalá los datos sean más favorables. Será en las cifras de la Encuesta de Población Activa (EPA), próxima a hacerse pública, donde se refleje mejor la realidad.

Nota final.

Estamos en abril y la pandemia, todavía inconclusa, nos debe hacer reflexionar sobre el paradigma o modelo de vida y desarrollo que queremos para nuestro futuro y, sobre todo, para las próximas generaciones. En mi opinión, sería el de poner en valor aquellas cosas que en realidad son importantes y que deben priorizarse, como son la  formación de una nueva mentalidad basada en los valores de la solidaridad, el bien común, la cohesión y justicia social para reducir las enormes desigualdades personales y territoriales actuales. Esto requiere más presencia del Estado, de lo público y menos neoliberalismo que tanto daño está haciendo.

Así mismo, priorizar aquellas actividades que son básicas como la agroalimentación, los servicios educativos y sanitarios, sin olvidar los servicios sociales y la dependencia para las personas más vulnerables, necesitadas del ingreso mínimo vital. Todo esto es una fuente de empleos y de equilibrio social, al igual que todo lo que se relaciona con el medio rural, la economía verde y sostenible.

A nivel regional, nacional y europeo esta crisis nos ha enseñado, también, que hay que reducir la dependencia y ser más autosuficientes de una serie de bienes y tecnologías de carácter  estratégico. Ahora ha sido en la rama de la sanidad, pero mañana puede ser en cualquier otra actividad o producto necesario para las personas y los animales.

El caso de la falta de respiradores artificiales en toda Europa ha sido muy preocupante y, en otro orden de cosas, puede pasar algo parecido con la soja, cuyo cultivo, básico para la ganadería y otros usos, está controlado por dos países en el mundo, (Brasil y EEUU). Si lo producimos los europeos, además de crear puestos de trabajo, reduciríamos el transporte, muchas veces de largas distancias, y con ello las emisiones de Co2, con los beneficios añadidos para el cambio climático. Por tanto,  el fenómeno de la globalización actual, que solo beneficia a unos pocos, tendría ciertas limitaciones y el mundo sería seguramente mejor.

Sevilla 8 de Abril de 2020

Pedro Martin Ruiz

El Club Senior de Extremadura ha decidido, como medida preventiva ante la extensión del COVID-19, aplazar hasta el próximo otoño su asamblea anual y el Foro de Debates que cada año celebra en distintas localizadas de las dos provincias extremeñas. La celebración estaba prevista en Hervás para los días 24 al 26 del próximo mes de abril y en ella se habían inscritos más de un centenar de miembros del Club Senior, entidad que agrupa a profesionales extremeños que han desarrollado una dilatada carrera profesional a lo largo de sus vidas.

Al encuentro habían anunciado además su asistencia el presidente de la Junta de Extremadura, representantes de los grupos parlamentarios de la Asamblea de Extremadura, así como responsables de la sociedad civil extremeña.

La decisión se ha adoptada por la junta directiva del Club Senior, entre cuyos miembros figura una de las profesionales, Pilar Pérez Breña, que ha desempeñado durante varias décadas tareas en la investigación y prevención de las enfermedades víricas en el Instituto de Salud Carlos III. La celebración del VII Foro de Debates ha sido trasladada a los días 25 al 27 del mes de septiembre y tendrá lugar también Hervás con el mismo programa de debates, en el que figura la presentación del Informa General de Situación de Extremadura elaborado por diferentes grupos de expertos que a lo largo de los últimos meses han estudiado la situación económica y social de la Comunidad. Igualmente se presentará un estudio sobre la estructura del empleo y del paro en Extremadura.

Con anterioridad, el Club Senior ha celebrado sus encuentros anuales en Guadalupe, Alange, San Martín de Trevejo, Jerez de los Caballeros, Garrovillas de Alconétar y Olivenza. En la actualidad son miembros del Club 234 profesionales repartidos por las dos provincias extremeñas y por diferentes Comunidades Autónomas.