Geografía y Medio Ambiente

Téngase en cuenta que una de las especies más amenazadas en nuestra región es el habitante del mundo rural, el ‘extremeño de pueblo’.

En Extremadura estamos más que habituados a estampas como las de nidos de cigüeñas o colonias de cernícalos en campanarios y torres de nuestros pueblos o ciudades. Esta imagen, para nosotros normal, resulta sorpresiva para muchos de los que nos visitan. No reparamos, por tanto, en cómo hemos logrado ese equilibrio con el resto de seres vivos del mismo hábitat, una armonía basada en muchos siglos de cohabitación. Sin embargo, ahora parece que hay grupos, urbanitas en su mayoría, empeñados en romper esa coexistencia, ese equilibrio, sin medir las consecuencias –en cuanto a sostenibilidad, desarrollo, empleo y fijación de población– que supone el que sepamos, desde hace muchísimos años, convivir con la naturaleza e integrarla en nuestra actividad. A cambio, estos lobbys proponen un modelo que reproduce un fantasioso paraíso previo a la creación de Adán, donde éste no tiene cabida. El ejemplo más reciente lo tenemos en Valdecañas.

Un posible error administrativo (que deberán compensar, en su caso, el o los responsables) le sirve al lobby para montar una cruzada inspirada en el ecologismo integrista, prefiriendo una escombrera a un paraje residencial donde se han de respetar y hacer respetar las prescripciones de rehabilitación natural. Poco les importa el coste en términos de despoblación (los pueblos de la zona remontan la sangría demográfica), bienestar (la demanda de servicios y su cobertura ha aumentado), o empleo (las actividades auxiliares están generando puestos de trabajo), por citar solo algunos parámetros. Tampoco parece importarles la contradicción que enreda su propia retórica: se aferran a una nostalgia de ‘paraíso perdido’ (en realidad, eucaliptos y pastos) sin caer, o sin querer caer, en la cuenta de que esta descripción debilita su argumento: Valdecañas es un paraje artificial, creado por el hombre con una actuación muy agresiva que inundó nada menos que 7.300 hectáreas. Si se había convertido años después en un supuesto paraíso, ¿qué no ocurrirá con una acción como la de ahora, menos agresiva y más exigente en términos de restauración ambiental? El propio informe del CSIC, básico para la decisión del TSJEX, reconoce que el paraje «no destacaba por su calidad ambiental» antes de la acción urbanizadora. Eso sí, pese a la evidencia de que la biodiversidad puede recuperarse y que, de hecho, ya campan allí a sus anchas especies como el milano real y el milano negro, el CSIC se permite aventurar que si todo se derriba «a largo plazo» podría recuperarse (¿y si no se derriba? Pues posiblemente también, ya lo hizo, recordemos, cuando se construyó la presa). No debemos olvidar tampoco el informe del Consejo Económico y Social de Extremadura: derribar Isla de Valdecañas no generará ningún beneficio ambiental, y sí graves daños económicos y sociales. Recuerda esta entidad que toda actuación humana tiene efecto en el ecosistema, hasta el punto de que puede afirmarse que el paisaje extremeño es «fruto de la interacción humana con el medio, no un ecosistema primigenio». Las consideraciones aquí expuestas cuentan con otro pilar, nada menos que firmado por José Carlos Escudero, catedrático emérito de Ecología y de Evaluación de Impactos Ambientales de la Universidad de Extremadura, quien en un reciente artículo en HOY (publicado el 26/8/2019) apuntaba: «… Las zepas, y si algunas actuaciones en ellas se califican como impactos, encontramos que, al igual que ocurre con tantas cosas, tienen su lado bueno y el malo, y en este último grupo se pueden incluir los manejos que de las posibilidades legales se están haciendo. En la actualidad, los poderes políticos y los grupos sociales conservacionistas están utilizando los conceptos de zepa y con ellos los de impactos, ofreciéndolos como conservación –que dicho así suele convencer al público–, para poder jugar a la consecución de intereses partidistas o grupales».

De eso se trata en gran medida, de grupos particulares que buscan intereses propios, frente al interés general. Y la responsabilidad de los poderes públicos, de todos, no es dar la razón al que más grita, sino actuar con perspectiva general. Téngase en cuenta que una de las especies más amenazadas en nuestra región es el habitante del mundo rural, el ‘extremeño de pueblo’, como se recoge tozudamente padrón tras padrón poblacional. Aquí no están en juego unos cuantos chalés; aquí está en juego un modelo de desarrollo sostenible frente a posturas extremas que no conciben que pueden compatibilizarse usos, que el ser humano es parte del equilibrio ecológico, y que su extinción en las zonas rurales degradaría el medio ambiente. Por decirlo gráficamente: mientras la mayoría propugna un modelo de desarrollo sostenible, con impactos asumibles y que permita el desarrollo y bienestar de todos los ciudadanos y la fijación de población, otros pretenden una suerte de ‘reserva india’ donde la actividad económica posible se limite a vender baratijas a quienes vengan a contemplar nuestra flora y nuestra fauna. No, aquí no se juega el derribo de unos chalés, se juega el futuro de un modelo. Dígame, ¿quién va a invertir en Extremadura si pende la espada de Damocles de que años después de haber realizado la inversión, por obra y gracia de una tutela judicial tardía, todo aquello puede ser derribado y enterrado?

FRANCISCO JAVIER PEINADO  

SECRETARIO GENERAL DE LA CREEX
Noticias

FESTIVIDAD DE LA PATRONA

Como cada año, cuando se acerca la festividad de nuestra patrona la Virgen de Guadalupe, se remueve dentro de mí algo que hace que me acuerde de la anomalía que supone que tengamos una patrona de Extremadura, con un gran monasterio histórico, donde la ciencia médica tuvo mucho que ver en los avances científicos de la época medieval, situado en un pueblo extremeño, Guadalupe, que también tuvo relación con la conquista de América, a donde llegaron los primeros indios venidos a España y, sin embargo, siga perteneciendo a la Archidiócesis de Toledo, junto a otros cuantos pueblos extremeños.

Este recuerdo este año me viene con antelación al leer esta mañana en el Periodico Extremadura la noticia-rumor, que nuestro obispo de la Diócesis de Coria-Cáceres, Francisco Cerro, podría ser nombrado Arzobispo de la Archidiócesis de Toledo.

Si esta noticia se confirmara, traería la esperanza a Extremadura, de que el Vaticano decidiera, de una vez por todas, que nuestra patrona tuviera su residencia en Extremadura, su casa, y la de todos los extremeños, como por lógica debiera haber sucedido hace ya años.

Extremadura entera lo viene reclamando desde hace tiempo y la Junta de Extremadura lo ha exigido, pero no con la firmeza que el fin de este anacronismo merece. Nuestra patrona es extremeña y debe tener su casa en una sede episcopal de la tierra que la eligió como patrona y Reina de la Hispanidad.

Va siendo hora que los extremeños abandonemos la pasividad que nos caracteriza y, aunque hayamos perdido en los últimos años a grandes defensores de este derecho, todavía quedan otros que sabrán exigirlo, como la Asociación Guadalupex, a la que pido no cesen en su lucha por este derecho.

Eusebio Rodríguez

Cáceres
Economía/Social

Sin un cambio radical en las políticas públicas, la región se perpetúa como paradigma de un modelo colonial que la está dejando exangüe, con la expulsión de los jóvenes y el aumento de nichos en los cementerios como única expansión del suelo urbano

Julian Mora Aliseda

Últimamente estamos asistiendo a una apuesta sin precedentes por un cambio de modelo económico orientado hacia la sostenibilidad, especialmente tras la Cumbre de Río (1992) y el Protocolo de Kyoto (1997). En este nuevo rumbo se da prioridad al medio ambiente y a la descarbonización, donde la Unión Europea está liderando el proceso, aumentando la superficie de espacios protegidos y firmando el Acuerdo de París (2015), para reducir el Calentamiento Global. 

En los diferentes informes internacionales se afirma que el cambio de modelo pasa por las energías renovables, lo que tendría repercusiones positivas no sólo sobre el planeta sino también sobre las regiones productoras en materia de riqueza y empleo, sin embargo, eso último eso no es así en todos los sitios.

Pongamos el caso de Extremadura, que produce un 440% de la energía que necesita, tanto de origen nuclear (central de Almaraz), que no emite CO2 a la atmósfera (no entro a considerar los riesgos), como hidráulico, merced a su red de grandes embalses (Alcántara, Valdecañas, Cíjara, La Serena, etc.) y solar, con 12 grandes plantas fotovoltaicas y una eólica (a las que se sumarán en breve decenas de ellas). Todo esto la convierte en una región exportadora, pues con la energía que genera cubre la demanda de ocho comunidades autónomas. Sólo en energías renovables Extremadura ya produce más de lo que consume.

Sin embargo, a pesar de este «monocultivo eléctrico», sigue siendo la región más pobre de España, dado que esas producciones no generan apenas empleo ni las grandes empresas propietarias radican fiscalmente en la región, con lo que esto supone en el ámbito de los impuestos. Todo ello sin entrar en la financiación europea para esos ‘parques energéticos’, que darían para provocar todo un proceso industrializador en esta comunidad autónoma.

Con la paradoja añadida de que muchas grandes presas, especialmente las de la cuenca del Tajo, al priorizar la producción hidroeléctrica, está perjudicando a los regantes que van a perder sus cultivos por estar turbinando sin parar en época de sequía, como ocurre ahora con Valdecañas, al 30% de su capacidad y soltando agua.

Esto es un expolio de recursos en toda regla, sobre el que nadie se pronuncia, a pesar de ser un ejemplo palpable e incomprensible en el siglo XXI de la aplicación del modelo teórico ‘centro-periferia’ o, lo que es lo mismo, una economía de la dependencia, instalada desde mediados del siglo XIX en el ámbito agropecuario (sin transformación industrial) y ahora en un sector básico para el desarrollo de otros territorios y para combatir el cambio climático, como es la energía. 

La economía de Extremadura es la más ecológica, dado que es la región con menos emisiones de CO2 por kilómetro cuadrado de toda España debido a la ausencia de industrias y por ser las dos provincias con mayor extensión de bosques, predominantemente de dehesa, donde crecen 630 millones de árboles (casi 600 árboles por habitante, frente a una media nacional de 160). Asimismo es la región que, con 1.300.000 hectáreas de superficie protegida, aporta el 23% de todas las áreas terrestres conservadas del país. Es decir, contribuye a España con el triple de extensión de la Red Natura de lo que supone geográficamente la región. Si utilizamos la superficie protegida en función de la población, comprobamos que a los extremeños les corresponde (1,27 hectáreas protegidas por habitante), frente a una media nacional de 12 veces inferior (0,11 hectáreas por habitante). 

En definitiva, Extremadura es una «región sumidero de carbono» en la que no se corresponden sus servicios medioambientales (bosques, espacios protegidos, reservas hídricas o energías renovables) al conjunto de la sociedad con lo que recibe a cambio. Esto es una injusticia territorial y ambiental.

Por consiguiente, lo que se aconseja como modelo futuro de ‘economía verde’ para la UE es lo que ya viene aplicándose rigurosamente en Extremadura, con resultados desalentadores: las mayores tasas de desempleo y las menores rentas.

Si Extremadura, con sus excedentes de recursos naturales, no define una estrategia que mitigue el intercambio desigual con las zonas desarrolladas, la brecha seguirá ampliándose impulsada por el círculo vicioso de la pobreza del que no puede escapar (la propia legislación autonómica dificulta el asentamiento de actividades), y cuya salida sigue siendo la hemorragia de sus recursos humanos, condenados al ostracismo por la ausencia de oportunidades.

Y conste que no me opongo a la instalación de espejos solares ni molinos eólicos, todo lo contrario, lo que me parece inadmisible es que se exploten estos recursos sin apenas compensaciones económicas o laborales. Para ello se debe establecer un sistema regulatorio que haga atractiva la instalación de empresas en Extremadura, con la reducción significativa del coste de la electricidad junto a otras bonificaciones por ser región ‘desfavorecida’, que actúe como acicate para generar sinergias que se plasmen en nuevas actividades transformadoras de recursos y con domicilio fiscal en el territorio. 

Sin un cambio radical en las políticas públicas, que apoyen esa transformación industrial de nuestros recursos (agroganaderos, forestales y mineros), Extremadura se perpetúa como paradigma de un modelo colonial que la está dejando exangüe, con la expulsión de los jóvenes y el aumento de nichos en los cementerios como única expansión del suelo urbano.

Punto de Encuentro

Una consejería contra la despoblación

La plataforma Punto de encuentro analiza en Badajoz el programa de Vara y pide que se luche contra problemas concretos de la región

Badajoz. La plataforma Punto de encuentro de la sociedad civil de Extremadura ha analizado en el transcurso de un debate en Badajoz los retos políticos, sociales y medioambientales a los que se enfrenta la región extremeña, tras el discurso de investidura del presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, y el programa electoral del PSOE, formación vencedora en las elecciones autonómicas del pasado 26 de mayo.

Para la plataforma, el discurso y el programa socialista «conforman la hoja de ruta principal del próximo gobierno de Extremadura», razón por la cual y como plataforma de colaboración de la sociedad civil extremeña quisieron analizar y debatir los principales contenidos de dichos textos para que la ciudadanía, organizada en colegios profesionales, fundaciones y asociaciones profesionales, colabore en el progreso y desarrollo de la región.

Así lo explicó el coordinador de Punto de Encuentro y presidente del Colegio de Farmacéuticos de Badajoz, Cecilio Venegas, que coordinó y moderó, junto al periodista y académico de la Real Academia de Extremadura de las Letras y las Artes, José Julián Barriga, este encuentro en el que intervino el académico de la Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras Ricardo Hernández Mogollón, hablando sobre políticas de desarrollo.

El director de la Fundación Maimona y exdirector de la Oficina de Extremadura en Bruselas entre otros cargos, Alejandro Hernández Renner, abordó las políticas sociales, y el ingeniero agrónomo diplomado en Economía de la empresa y expresidente de la Confederación Hidrográfica del Guadiana, José Ignacio Sánchez Sánchez-Mora, las políticas para la explotación de los recursos naturales.

En su intervención, Hernández Mogollón abogó en relación al futuro gobierno de la Junta de Extremadura por que los consejeros sean los «necesarios, los mejores y el número adecuado». Seguidamente, planteó que haya una Consejería de Industria y Medioambiente y otra de Turismo y Despoblación, esta última debido a que es un sector «transversal con los demás sectores que influye prácticamente en los grandes pactos o planes que propone Fernández Vara sobre despoblación, infraestructuras, autónomos o emprendimiento, además de crear muchos puestos de trabajo y poder seguir creando más.

Por su parte, Alejandro Hernández Renner sostuvo que en la agenda que presenta el PSOE «básicamente se habla de una especie de contrato entre el presidente y la ciudadanía», aunque «no deja muy claras una o dos grandes líneas de fuerza en el programa» y sí aborda «claramente» de igualdad de oportunidades en el preámbulo «pero luego se va difuminando».

En último lugar, José Ignacio Sánchez Sánchez-Mora hizo hincapié en que en el programa del PSOE y el discurso de investidura de Vara hay tres líneas, la economía verde y circular, la lucha contra el cambio climático y la apuesta por las renovables, «muy interesantes» aunque en regiones de «tan bajo nivel de desarrollo como Extremadura» han de aplicarse «de modo que el futuro desarrollo no se vea afectado».