Extremadura: paradigma de un modelo colonial

Sin un cambio radical en las políticas públicas, la región se perpetúa como paradigma de un modelo colonial que la está dejando exangüe, con la expulsión de los jóvenes y el aumento de nichos en los cementerios como única expansión del suelo urbano

Julian Mora Aliseda

Últimamente estamos asistiendo a una apuesta sin precedentes por un cambio de modelo económico orientado hacia la sostenibilidad, especialmente tras la Cumbre de Río (1992) y el Protocolo de Kyoto (1997). En este nuevo rumbo se da prioridad al medio ambiente y a la descarbonización, donde la Unión Europea está liderando el proceso, aumentando la superficie de espacios protegidos y firmando el Acuerdo de París (2015), para reducir el Calentamiento Global. 

En los diferentes informes internacionales se afirma que el cambio de modelo pasa por las energías renovables, lo que tendría repercusiones positivas no sólo sobre el planeta sino también sobre las regiones productoras en materia de riqueza y empleo, sin embargo, eso último eso no es así en todos los sitios.

Pongamos el caso de Extremadura, que produce un 440% de la energía que necesita, tanto de origen nuclear (central de Almaraz), que no emite CO2 a la atmósfera (no entro a considerar los riesgos), como hidráulico, merced a su red de grandes embalses (Alcántara, Valdecañas, Cíjara, La Serena, etc.) y solar, con 12 grandes plantas fotovoltaicas y una eólica (a las que se sumarán en breve decenas de ellas). Todo esto la convierte en una región exportadora, pues con la energía que genera cubre la demanda de ocho comunidades autónomas. Sólo en energías renovables Extremadura ya produce más de lo que consume.

Sin embargo, a pesar de este «monocultivo eléctrico», sigue siendo la región más pobre de España, dado que esas producciones no generan apenas empleo ni las grandes empresas propietarias radican fiscalmente en la región, con lo que esto supone en el ámbito de los impuestos. Todo ello sin entrar en la financiación europea para esos ‘parques energéticos’, que darían para provocar todo un proceso industrializador en esta comunidad autónoma.

Con la paradoja añadida de que muchas grandes presas, especialmente las de la cuenca del Tajo, al priorizar la producción hidroeléctrica, está perjudicando a los regantes que van a perder sus cultivos por estar turbinando sin parar en época de sequía, como ocurre ahora con Valdecañas, al 30% de su capacidad y soltando agua.

Esto es un expolio de recursos en toda regla, sobre el que nadie se pronuncia, a pesar de ser un ejemplo palpable e incomprensible en el siglo XXI de la aplicación del modelo teórico ‘centro-periferia’ o, lo que es lo mismo, una economía de la dependencia, instalada desde mediados del siglo XIX en el ámbito agropecuario (sin transformación industrial) y ahora en un sector básico para el desarrollo de otros territorios y para combatir el cambio climático, como es la energía. 

La economía de Extremadura es la más ecológica, dado que es la región con menos emisiones de CO2 por kilómetro cuadrado de toda España debido a la ausencia de industrias y por ser las dos provincias con mayor extensión de bosques, predominantemente de dehesa, donde crecen 630 millones de árboles (casi 600 árboles por habitante, frente a una media nacional de 160). Asimismo es la región que, con 1.300.000 hectáreas de superficie protegida, aporta el 23% de todas las áreas terrestres conservadas del país. Es decir, contribuye a España con el triple de extensión de la Red Natura de lo que supone geográficamente la región. Si utilizamos la superficie protegida en función de la población, comprobamos que a los extremeños les corresponde (1,27 hectáreas protegidas por habitante), frente a una media nacional de 12 veces inferior (0,11 hectáreas por habitante). 

En definitiva, Extremadura es una «región sumidero de carbono» en la que no se corresponden sus servicios medioambientales (bosques, espacios protegidos, reservas hídricas o energías renovables) al conjunto de la sociedad con lo que recibe a cambio. Esto es una injusticia territorial y ambiental.

Por consiguiente, lo que se aconseja como modelo futuro de ‘economía verde’ para la UE es lo que ya viene aplicándose rigurosamente en Extremadura, con resultados desalentadores: las mayores tasas de desempleo y las menores rentas.

Si Extremadura, con sus excedentes de recursos naturales, no define una estrategia que mitigue el intercambio desigual con las zonas desarrolladas, la brecha seguirá ampliándose impulsada por el círculo vicioso de la pobreza del que no puede escapar (la propia legislación autonómica dificulta el asentamiento de actividades), y cuya salida sigue siendo la hemorragia de sus recursos humanos, condenados al ostracismo por la ausencia de oportunidades.

Y conste que no me opongo a la instalación de espejos solares ni molinos eólicos, todo lo contrario, lo que me parece inadmisible es que se exploten estos recursos sin apenas compensaciones económicas o laborales. Para ello se debe establecer un sistema regulatorio que haga atractiva la instalación de empresas en Extremadura, con la reducción significativa del coste de la electricidad junto a otras bonificaciones por ser región ‘desfavorecida’, que actúe como acicate para generar sinergias que se plasmen en nuevas actividades transformadoras de recursos y con domicilio fiscal en el territorio. 

Sin un cambio radical en las políticas públicas, que apoyen esa transformación industrial de nuestros recursos (agroganaderos, forestales y mineros), Extremadura se perpetúa como paradigma de un modelo colonial que la está dejando exangüe, con la expulsión de los jóvenes y el aumento de nichos en los cementerios como única expansión del suelo urbano.

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